Accesibilidad a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
en la atención primaria de salud en el Municipio de Tigre
(noviembre 2022 - noviembre 2023)
Access to voluntary interruption of pregnancy in primary health
care in the Municipality of Tigre (November 2022 - November 2023)
RESUMEN
El presente trabajo consiste en la descripción y análisis de las
condiciones de accesibilidad de las personas al derecho de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los Centros de
Atención Primaria de Salud en el Municipio de Tigre, en el periodo
noviembre de 2022 a noviembre de 2023. El problema plantea los
impactos que conlleva la implementación de la IVE en el conurbano
bonaerense. La hipótesis sugiere que diversas barreras obstaculizan
el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Los objetivos
incluyen identificar el rol y la perspectiva de los equipos de salud,
explorando acciones institucionales, tensiones, recogiendo datos
estadísticos y experiencias de la población usuaria mediante una
metodología cuali-cuantitativa. El marco teórico aborda la lucha por
la IVE en un contexto patriarcal, destacando la importancia de la
accesibilidad en varias dimensiones. Los resultados revelan desafíos
en la implementación, con diferencias en el abordaje, falta de
registros de datos y tensiones. Las vivencias de la población usuaria
reflejan experiencias tanto positivas como negativas en cuanto a la
accesibilidad, plazos de atención y calidad de seguimiento de los
equipos de IVE. Algunos destacan la rapidez en la atención y trato
respetuoso, mientras que otros mencionan dificultades en el acceso
y falta de seguimiento adecuado. La conclusión destaca los desafíos
pendientes en la implementación de la IVE, considerando la
importancia de la defensa de la salud pública para seguir
garantizando y mejorando estos espacios, en pos de la construcción
de una sociedad más justa e inclusiva.
Palabras clave: Solicitantes de Aborto- Aborto Legal -
Accesibilidad a los servicios de salud - Atención Primaria de Salud
ABSTRACT
This work consists of the description and analysis of the
accessibility conditions for individuals to access the right to
Voluntary Interruption of Pregnancy (IVE) in Primary Health Care
Centers in the Municipality of Tigre, during a one-year period from
November 2022. The problem addresses the impacts of
implementing IVE in the Buenos Aires metropolitan area. The
hypothesis suggests that various barriers hinder access to sexual
and reproductive rights. The objectives include identifying the role
and perspective of healthcare teams, exploring institutional
actions and tensions, gathering statistical data, and capturing user
experiences through a qualitative-quantitative methodology. The
theoretical framework addresses the struggle for IVE in a
patriarchal context, emphasizing the importance of accessibility
across various dimensions. The results reveal challenges in
implementation, including differences in approaches, lack of data
records, and tensions. Users accounts reflect both positive and
negative aspects regarding accessibility, waiting times, and the
quality of follow-up by IVE teams.Some highlight the quick
attention and respectful treatment, while others mention
difficulties in access and lack of adequate follow-up. The
conclusion highlights pending challenges in the implementation of
IVE, considering the importance of defending public health to
continue guaranteeing and improving these spaces, towards the
construction of a fairer and more inclusive society.
Key Words: Abortion Applicant - Abortion, Legal - Health Services
Accessibility - Primary Health Care
Romina Argañaraz 1,2 Lic. en Trabajo Social.
Residencia completa en Sistema de Salud.
Noelia Barraza 3,4 Lic. en Trabajo Social.
Residencia completa en el Sistema de Salud.
Francisco Fariña 5 Médico especialista en Medicina General.
Coordinador docente de Residencia en Medicina General.
Camila Marful Martínez 6,7 Lic. en Trabajo Social.
Residencia completa en Sistema de Salud.
Recibido:22 de abril 2024. Aceptado:27 de agosto 2024. Aprobado: 9 de octubre 2024. Publicado:10 de marzo 2025.
Au
Rs Ab
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Estudiosexclusivoseinéditos,seleccionadosconrigurosidadcientíficayrevisadosporpares
1 Unidad de Pronta Atención N°15 José C. Paz, Arg.
2 Docente ayudante interina, Universidad Nacional de José C. Paz, Arg.
3 Centro de Atención Familiar y de Salud Almirante Brown, Tigre, Arg.
4 Servicio Social del Hospital Zonal Gral de Agudos Gobernador
Mercante, José C. Paz, Arg.
5 Centro de Atención Familiar y de Salud Troncos del Talar, Tigre, Arg.
6 Centro de Atención Familiar y de Salud Juana Manso, Tigre, Arg.
7 Guardia de Salud Mental, Hospital General de Agudos Manuel
Belgrano, Gral. San Martin, Arg.
lic.romina1984@gmail.com
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
1 El Municipio de Tigre cuenta con 23 CAFyS, no obstante, a los fines estadísticos de la presente investigación los dos CAFyS ubicados en
la zona del delta se contabilizan como uno. Por lo tanto, nos referiremos a 22 CAFyS.
In
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DOI: xxxxxxxxxxxxxx
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
2 Se trata de una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso y
la disponibilidad para realizar la muestra.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
MM
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud 3 A los fines de esta investigación se tomaron las consultas
realizadas en el primer nivel de atención (CAFyS municipales),
dejando por fuera aquellas que arribaron específicamente en el
segundo nivel (Hospital Materno Infantil de Tigre).
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Figura 1. Total de personas atendidas por IVE
Fuente: Elaboración propia en base al registro del Municipio de
Tigre de atenciones por IVE en los períodos 11/2022 - 8/2023
Figura 2. Promedio de edad gestacional de las primeras consultas
por IVE
Fuente: Elaboración propia en base al registro del Municipio de
Tigre de atenciones por IVE en los períodos 11/2022 - 8/2023
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Figura 3. Tipos de tratamiento para IVE utilizados
Fuente: registro del Municipio de Tigre de atenciones por IVE en
los periodos 2022 - 2023
Figura 4. Eficacia de tratamientos de IVE
Fuente: Elaboración propia en base al registro del Municipio de
Tigre de atenciones por IVE en los períodos noviembre 2022 -
agosto 2023
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
Figura 5. Consejería MAC post IVE
Fuente: Elaboración propia en base al registro del Municipio de
Tigre de atenciones por IVE en los períodos 11/2022 - 8/2023
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
Figura 6. Número de consultas que necesito cada persona usuaria
para acceder al tratamiento de IVE
Fuente: Elaboración propia en base al registro del Municipio de
Tigre de atenciones por IVE en los períodos 11/2022 - 8/2023
Figura 5. Experiencia de atención de IVE según población usuaria.
Fuente: Elaboración propia en base al registro de entrevistas a
población usuaria de IVE en el Municipio de Tigre en el período
11/2022 - 11/2023.
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
Figura 8. Efectos adversos del tratamiento según población usuaria
Fuente: Elaboración propia en base al registro de entrevistas a población usuaria de IVE en el Municipio de Tigre en el período
noviembre 2022 - noviembre 2023.
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
Ds
Cs
DISCUSIÓN Y TENSIONES QUE SE PRODUCEN EN TORNO A LA IVE
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
pública y derechos humanos de las mujeres y de personas
con otras identidades de género con capacidad de gestar y
a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad prevenible (7).
Sin embargo, la accesibilidad a los servicios de salud, salud
sexual y aborto, no necesariamente se encuentra garantizada.
Stolkiner (8) define a la accesibilidad como un vínculo entre
sujetos y servicios que depende de condiciones y discursos de
servicios, así como de representaciones de sujetos. En la
misma línea Ponce (9) sostiene que la accesibilidad se puede
pensar en diferentes esferas: a) administrativa (organización
del servicio); b) económica (capacidad económica de la
comunidad para acceder al servicio); c) cultural (diferencias
entre pacientes y profesionales); y d) física o geográfica
(distribución y localización del servicio).
Romero et al (10) subrayan que, a pesar de que el aborto
sea gratuito, persisten barreras como la objeción de
conciencia y demoras burocráticas. El reporte del año 2023
del Proyecto Mirar (11) refleja tanto los logros de contar con
una ley que reconozca el derecho al aborto, como la
persistencia de ciertas disparidades en el acceso.
El papel de las organizaciones comunitarias y de profesionales
de la salud ha sido fundamental para mejorar la atención y
acceso al aborto, destacando la importancia de un enfoque
interdisciplinario en la atención de la salud. Lugones (12)
sostiene que la interseccionalidad permite comprender cómo
factores como la clase, género, sexo, raza, edad y nacionalidad
afectan el acceso a la atención de la salud. En este sentido, los
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son
fundamentales ya que se encuadran en la perspectiva de
Atención Primaria de Salud (APS), que busca llevar la atención
de salud al lugar de residencia de las personas.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
recomienda realizar la IVE hasta las 12 semanas de
gestación, de manera ambulatoria en el primer nivel de
atención “siempre que no existan razones para realizarla en
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se enfoca en analizar la
accesibilidad en la implementación de la Ley 27.610 de
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que encuadra el
aborto legal en Argentina. La misma tomará como objeto de
análisis los Centros de Atención Primaria de Salud del
Municipio de Tigre, los cuales se localizan en la zona norte
del conurbano bonaerense de la Región Sanitaria V. Dicho
municipio cuenta con diversos efectores sanitarios: Hospital
provincial, Hospital municipal, Centros de Imágenes y una
extensa red de 22 1 Centros de Atención Familiar y de Salud
(CAFyS), que ofrecen accesibilidad a los servicios de salud y
salud sexual a las personas solicitantes de aborto.
El problema de investigación se centra en las condiciones
de accesibilidad que enfrentan las mujeres y personas con
capacidad de gestar para ejercer su derecho a la IVE
después de la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de
2020. La investigación busca comprender los efectos de la
legalización de la IVE en los CAFyS, identificando las
acciones institucionales que facilitan u obstaculizan la
aplicación de este derecho.
La pregunta que guía esta investigación es: "¿Cuáles son y
cómo operan los mecanismos institucionales que se
corresponden o limitan la efectiva aplicación de la ley 27.610?".
La hipótesis de la investigación parte de la idea de que la
accesibilidad a la IVE en el Municipio de Tigre se ve
afectada por diversas barreras que obstaculizan el acceso a
los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Estas barreras pueden estar relacionadas con la capacidad
de respuesta de los proveedores de servicios de salud, los
recursos e insumos disponibles, las tensiones entre
diferentes actores de la comunidad y los mecanismos
institucionales producidos por el Estado y la sociedad civil.
Por lo tanto, desde este equipo interdisciplinario se
propone analizar la accesibilidad en la implementación de la
Ley 27.610 de IVE en los CAFyS del Municipio de Tigre
durante el período noviembre 2022 a noviembre 2023.
En este sentido, la investigación se basa en identificar el rol
y la perspectiva de abordaje de los equipos de salud que
garantizan la IVE en el Municipio de Tigre y la posibilidad de
articulación con otras instituciones y actores.
En esta misma línea, se compara la frecuencia y los motivos
de elección de los procedimientos ambulatorios de IVE
utilizados, evaluando su tasa de eficacia y margen de error
durante el mismo período; así como también se indaga
acerca de las diferentes acciones y tensiones que se
producen en torno a la IVE en las instituciones involucradas
en garantizar este derecho. Por último, se recupera, a través
de relatos y/o entrevistas anónimas, las vivencias subjetivas
de la población usuaria en torno al acceso a la IVE.
El marco teórico que guía la presente investigación parte de
entender que la historia de lucha por el aborto legal en
Argentina se llevó a cabo en un sistema capitalista y
patriarcal, donde las relaciones de género se caracterizan
por la dominación de los hombres sobre las mujeres y
cuerpos feminizados. Según Soldevila (1), estas relaciones
desiguales se manifiestan en jerarquías y divisiones en la
sociedad. Las leyes y tratados han sido herramientas clave
en la defensa de los derechos de las mujeres, pero su
accesibilidad, por otra parte, requiere de acciones continuas.
La lucha por el aborto legal involucra dos movimientos
principales: el movimiento "pro vida," opuesto al aborto, y el
movimiento verde a favor de los derechos de las mujeres y
personas con capacidad de gestar. Estos movimientos han
desarrollado estrategias opuestas para reducir o ampliar el
acceso al aborto. Mabel Belucci (2) recupera diferentes hitos
de la historia de esta lucha, la cual se remonta a tiempos
pasados y ha trascendido las fronteras nacionales, con
influencias del feminismo internacional. El desarrollo de
este movimiento feminista en el territorio argentino fue
fundamental para conquistar la aprobación en el Congreso
de este derecho y ampliar la accesibilidad a los servicios de
salud y salud sexual de las mujeres y cuerpos feminizados.
Desde 1921, el aborto no punible en la Argentina se
encuadraba en el marco legal del artículo 86 del Código
Penal, que permitía el aborto en casos de peligro de vida o
salud de la madre, o cuando el embarazo era resultado de
una violación (3). En 2005, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito agrupó a
organizaciones sociales, activistas, profesionales de la
salud, y colectivos feministas de todo el país,
contribuyendo significativamente a que el debate sobre la
legalidad del aborto se instalara en la agenda política (4).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina sentó jurisprudencia a través del fallo F.A.L.,
aportando claridad a la interpretación de las causales de
aborto no punible, e instando al Sistema Sanitario a
garantizarlo sin intervención judicial (5). Luego del fallo
F.A.L, organizaciones como Socorristas en Red,
consolidaron una red de acompañamiento para garantizar
la seguridad y el bienestar de quienes decidían abortar,
independientemente de las barreras institucionales (6).
De esta manera, y luego de muchos años de lucha, la
aprobación de la Ley 27.610 en 2020 en Argentina fue un
hito. La misma establece en su artículo nº1: (...) regular el
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la
atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado argentino en materia de salud
niveles de mayor complejidad” (13).
La disponibilidad de insumos, como misoprostol y
mifepristona, es esencial para garantizar el acceso a estos
servicios. El Protocolo IVE (13), basándose en las
recomendaciones de organismos internacionales como la
OMS, IPAS y la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), propone tanto el uso de misoprostol
como la técnica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)
para la interrupción de embarazos en el primer trimestre.
Propone un esquema de misoprostol 800mg -sublingual o
vaginal cada 3 horas- hasta la expulsión del saco
gestacional. A su vez, recientemente la ANMAT aprobó el
uso de mifepristona, la cual en la indicación de uso
combinado con misoprostol ha demostrado mejor eficacia
que el tratamiento con misoprostol solo.
Desde la implementación de la Ley 27.610, la provincia de
Buenos Aires (PBA) ha consolidado una red de atención que
prioriza la reducción de inequidades geográficas y el
fortalecimiento de los CAPS para garantizar el acceso al
aborto. Según el Informe Epidemiológico de la PBA (14),
entre 2019 y 2022 el número de establecimientos que ofrecen
este servicio se triplicó, mientras que los CAPS que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) aumentaron
en un 210%. La accesibilidad a medicamentos esenciales,
como el misoprostol y la mifepristona, ha sido clave.
En 2020, la PBA adquirió 91.699 tratamientos de
misoprostol, mejorando así el abastecimiento para los
servicios de IVE, en línea con las recomendaciones de la
OMS. En 2022, se incorporó el combipack de mifepristona y
misoprostol, considerado uno de los métodos más seguros
y eficaces. Desde la sanción de la ley, las muertes maternas
relacionadas con abortos se redujeron en un 90%, pasando
de un promedio anual de 17 muertes a solo 1 en 2022.
Además, se estima que entre 108.259 y 129.374 abortos
ocurren anualmente en la PBA, lo que resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo la red de atención y garantizar
un suministro constante de insumos.
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la producción de este trabajo se utilizó una
perspectiva metodológica mixta, es decir, con
componentes de la investigación cualitativa y cuantitativa.
El diseño de tipo anidado o incrustado permitió recolectar
datos cualitativos y, a su vez, cuantitativos; ambos
permiten dar respuesta a las preguntas de investigación
planteadas en el trabajo. Esta perspectiva nos ofrece la
oportunidad de acceder a significados y sentidos que los
profesionales de salud atribuyen a su práctica, recuperar la
experiencia en primera persona de la población usuaria de
los servicios de salud, y a su vez sistematizar datos
cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
práctica de IVE en el Municipio de Tigre.
El universo de estudio comprende a diferentes actores del
Municipio de Tigre que se ven involucrados en el acceso a la
IVE, tales como referentes municipales de la temática,
trabajadores de los centros de salud, integrantes del equipo
de salud que garantizan IVE, y solicitantes de aborto. Para
esto, mediante la selección de un muestreo intencional o de
conveniencia 2, se eligieron 8 Centros de Salud, de un total
de 23 CAFyS, donde se realizaron un total de ocho
entrevistas a equipos que realizan IVE y ocho entrevistas a
personal administrativo. Estos centros fueron
seleccionados tras identificar aquellos en los que se
solicitaron, en promedio, más de 70 IVE durante el primer
semestre del año 2022. No obstante, con el fin de recuperar
la perspectiva de los demás equipos, se optó por enviar un
cuestionario anónimo de respuesta asincrónica a los CAFyS
que no fueron entrevistados presencialmente.
La recolección de datos incluyó una entrevista
semiestructurada con la referente municipal de IVE, lo que
nos permitió explorar los circuitos municipales de la
práctica y obtener información para el diseño y la
realización de las entrevistas programadas. Se realizaron
dieciséis entrevistas presenciales semiestructuradas con
preguntas abiertas, que se sistematizaron en una guía
donde se abarcaron varios ejes temáticos: el recorrido
institucional de la persona entrevistada y el conocimiento
sobre la IVE en la institución; el funcionamiento del equipo
en relación a la temática, incluyendo su composición,
capacitación y cambios tras la Ley 27.610; la accesibilidad a
los servicios de la IVE, en relación a requisitos y tiempos
de respuesta; las características de la población atendida;
los procedimientos utilizados y posibles complicaciones;
las características de la consulta post IVE y el acceso a
métodos anticonceptivos; y, finalmente, la relación con la
comunidad, la promoción del derecho a la IVE y los
obstáculos que enfrentan los equipos en su tarea.
A su vez, se diseñó un cuestionario anónimo para las
personas usuarias. El mismo se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la cantidad
de IVE realizadas en cada CAFyS a fin de asegurar que la
muestra fuera representativa de los mismos. El
cuestionario fue enviado de manera aleatoria a quienes
acudieron a espacios de IVE entre noviembre del 2022 y
noviembre del 2023, obteniendo un total de 79 respuestas
sobre una base de 1.330 personas atendidas. El mismo
incluyó preguntas sobre cómo las personas se informaron
del servicio, la calidad de la atención recibida, la solicitud
de estudios complementarios o trámites adicionales, los
posibles obstáculos encontrados, el conocimiento de la
Ley de IVE, y cambios percibidos tras su sanción, además
de indagar sugerencias para mejorar el acceso a la IVE.
Por último, tomando el registro municipal de IVE se realizó
un análisis cuantitativo utilizando un muestreo de tipo no
probabilístico. En este caso, la selección de la muestra no
estuvo determinada por el azar, sino que se basó en las
1.330 personas atendidas entre noviembre de 2022 y
noviembre de 2023, siguiendo los objetivos de la
investigación. Para esto se utilizaron los siguientes
indicadores: tipo y cantidad de tratamientos
administrados; edad gestacional de inicio de seguimiento;
efectividad del tratamiento; y entrega de métodos
anticonceptivos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y
agosto de 2023 se analizó la base de datos municipal entre
los 22 CAFyS del Municipio de Tigre poniendo foco en las
siguientes variables:
Total de atenciones por IVE 3 :
Se registraron 1.330 consultas que evidenciaron la
desigual distribución de las atenciones. Se destacó que los
CAFyS con mayor demanda fueron el 22, el 18 y el 21
representando el 11.8%, 9.3%, y 9.3 % de las atenciones,
respectivamente. En cambio, los CAFyS 5, 14, y 15
representan el 7.5%, 8.2% y 7.5%. Por último, los CAFyS 7,
10 y 11 representan el 0.3%, 0.5% y 0.3% de las atenciones
(ver Figura 1).
Edad Gestacional:
Término clínico utilizado para determinar el momento
exacto del embarazo. El análisis de esta variable permitió
identificar la edad gestacional de la primera consulta por
IVE en los diferentes CAFyS. Se destacó que, de un total
de 1.330 población usuaria, el 18.6% de las situaciones no
se encontraba registrada; el 58.1% de las consultas se
registraron en un rango comprendido entre 6 y 9.6
semanas de gestación, el 6,5% entre 0 y 5.6 semanas, y el
14.2% entre 10 y 12.6 semanas (ver Figura 2).
Tipo de tratamiento suministrado:
La falta de registro de un 33.9% dificulta el análisis de esta
variable. De los datos disponibles se pudo señalar que el
57.2% de los tratamientos registrados se realizaron con
misoprostol, mientras que el 7.6% de los tratamientos se
efectuaron con mifepristona y misoprostol (combipack)
(ver Figura 3).
Efectividad del tratamiento:
Entendiendo a la misma como la capacidad y éxito de un
procedimiento, terapia y/o intervención para lograr
resultados deseados de un problema específico. Se
evidenció que el 44.4% de los CAFyS, no posee datos de
esta. Del 47.4% que sí registró, se constató que el 89.2% de
los tratamientos fueron efectivos, mientras que el 10.7% ha
demostrado una falla en el mismo (ver Figura 4).
Consejería Métodos Anticonceptivos (MAC):
Se emplea este término para describir la información
proporcionada sobre MAC brindada a la población usuaria
de IVE. Respecto a este indicador, se evidenció que en el
72% de las consultas no se registró esta información. En
contraposición, en las encuestas realizadas a 79 solicitantes
de aborto para conocer sus apreciaciones respecto a
consejería Mac, el 98,7% refirió que recibió información
sobre métodos anticonceptivos (ver Figura 5).
PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE LOS
EQUIPOS DE SALUD QUE GARANTIZAN IVE
Los profesionales entrevistados historizan la evolución de la
práctica en el municipio, destacando que las consejerías de
reducción de riesgos y daños comenzaron en 2009.
Inicialmente, se utilizaba el recetario rosa para
psicofármacos, completándolo a nombre de hombres con
otros diagnósticos para evitar miradas desaprobatorias.
Hacia mediados de 2010, el municipio comenzó a adquirir
misoprostol y estableció un mecanismo de solicitud para los
CAFyS. En el año 2014 se implementó un circuito de
atención y acompañamiento con el correspondiente reporte
de los casos, que permitía derivaciones al hospital e
internación. En el 2020, se comenzaron a registrar los
pedidos de misoprostol, facilitando que a nivel provincial se
cuente con estos datos. Además, según la referente
municipal, desde ese año se intentó promover la
conformación de equipos interdisciplinarios en los CAFyS.
La Ley 27.610 influyó significativamente en la dinámica de
abordaje dentro de los equipos de trabajo. Un profesional
entrevistado señaló:
“La ley nos dio a todos un marco para socializar con los
equipos y para que, de alguna manera (el
acompañamiento) deje de ser un acto de caridad”.
La ley clarificó responsabilidades y roles, minimizó las
posibilidades de interpretación y llevó a los equipos a
prepararse para dar respuesta a esa demanda. A su vez,
ocasionó modificaciones en la dinámica de articulación y
derivación con instituciones del segundo nivel de
atención.
Prevaleció una postura homogénea en los equipos acerca
del buen funcionamiento del circuito de derivación a partir
de la sanción de la ley. A nivel municipal, se reconocieron
limitantes, como la edad gestacional y el domicilio de la
población usuaria, que, de ser necesario, realizaron
derivaciones a otros efectores provinciales. La ley también
impulsó la creación de una agenda exclusiva para IVE y
una base de datos para ordenar la información y gestionar
la medicación. Se confeccionó un recursero del que todas
las instituciones de salud disponen para ofrecer a las
personas lugares, días y horarios de atención dentro del
municipio.
Según los datos obtenidos de las entrevistas a Equipos de
Salud, la demanda de IVE ha aumentado, con un descenso
en la edad gestacional promedio al inicio de los
seguimientos. La percepción general es un descenso en la
natalidad. El marco legal ha proporcionado a los
profesionales un respaldo mayor para llevar a cabo la
práctica. Sin embargo, se observaron diferentes
respuestas por parte de los CAFyS a la demanda que
varían en torno a: demanda espontánea o turnos
programados, cantidad de días de atención, mayor o
menor flexibilidad por parte de los equipos en la atención
de consultas sin turno o por fuera de día y horario de
atención.
El personal administrativo, de farmacia o enfermería,
quienes en general se encuentran familiarizados con la
tarea, suele ser el primer receptor y orientador de las
personas que consultan. Manifestaron que saben que es
relevante la realización de una ecografía obstétrica e
intentan resolver ese paso antes de que las personas
lleguen a la consulta con el equipo de IVE. A su vez,
refirieron tener una actitud receptiva ante personas de
otras áreas programáticas o municipios. Los entrevistados
relataron que se cuenta con la participación de la
coordinación del CAFyS en caso de necesitar resolver un
problema en ausencia del equipo de IVE. Al respecto, la
referente municipal señaló que desde la Secretaría de
Salud del Municipio se insta a garantizar profesionales
que realicen la práctica en todos los CAFyS, y que
convocan a participar activamente a la coordinación de los
CAFyS en esta tarea. En relación a esto, se extrajo de una
entrevista:
“Antes le hacía mucho ruido a una de las obstétricas, que
trabaja hace como 30 años acá. Ella es objetora, antes lo
era muchísimo más. Ahora me deriva chicas, les pide la
ecografía. Antes se resistía un poco a todo, pero fue
entendiendo cómo eran las cosas, cómo se hace IVE en
este centro de salud”.
Se evidenciaron diferencias en la conformación de los
equipos según los distintos CAFyS: mientras que la gran
mayoría contaba con equipos interdisciplinarios
(médiques, trabajo social, psicología, obstetricia, etc.), en
otros casos el espacio de IVE se encontraba a cargo de un
único profesional, por lo general de medicina. Se
mencionó la importancia de la interdisciplina para brindar
respuestas integrales a la demanda de IVE. Sin embargo,
los equipos entrevistados mencionaron que la
composición de estos varía con el tiempo, influenciada en
gran medida por las condiciones laborales. Describieron su
trabajo como intenso y exigente. Señalaron diferencias en
la demanda entre los CAFyS, que se reflejan en la solicitud
de medicación en el sistema municipal. Indicaron que el
tiempo asignado para la atención y las tareas
administrativas, como completar planillas, redactar
informes, registrar datos y hacer el seguimiento de la
población usuaria, generalmente no es suficiente, por lo
que suelen priorizar la atención directa a los consultantes.
Los entrevistados refirieron que estas situaciones
generan sobrecarga y agotamiento al interior de los
equipos de IVE, lo que dificulta la toma de registros y
realización de tareas administrativas.
En cuanto a la aplicación del protocolo de IVE e ILE
(Interrupción Legal del Embarazo), en general los
integrantes de los equipos de los CAFyS han tenido una o
más instancias de capacitación relacionadas. En cambio, el
personal que no es parte del equipo de IVE manifestó no
haber tenido nunca una capacitación sobre la temática.
Algunos refirieron que fueron aprendiendo preguntando
a los compañeros de trabajo. Con respecto a la práctica
AMEU, si bien la misma es utilizada en el Hospital
Materno Infantil de Tigre, aún no se encuentra disponible
como opción terapéutica de tratamiento en el Primer
Nivel de Atención (PNA) en el Municipio de Tigre; y los
profesionales entrevistados refieren que la ausencia de
esta se explica por la falta de capacitación del personal y
de recursos materiales para poder garantizar en el PNA.
En relación con la comunicación y difusión de los Espacios
de IVE en el Municipio de Tigre, se identificaron
diferencias en cuanto a los recursos de difusión
disponibles. Algunos centros contaban con carteles y
folletos para promocionar los servicios de IVE, difusión en
redes sociales y Whatsapp, mientras que otros no tenían
acceso a estos recursos. Además, en algunos casos, se
mencionó la colaboración con redes barriales como una
estrategia para difundir información sobre los espacios de
IVE. Estas diferencias, señaladas por los equipos, han
impactado de manera diferenciada en el conocimiento,
promoción y demanda de los diferentes CAFyS.
En cuanto a la modalidad de atención, se manifestó en las
entrevistas que no es requisito contar con DNI argentino
para acceder a la práctica, y que se reciben las consultas
independientemente del lugar o partido de residencia del
que provengan. Se señaló que, a veces, las personas piden
que se las atienda allí porque prefieren no atenderse en su
barrio. La mayoría de las personas entrevistadas refirieron
solicitar una ecografía para observar la presencia de
embrión, conocer de cuántas semanas de gestación se
encuentra la persona, y así poder avanzar en el
tratamiento adecuado. Sin embargo, algunos
profesionales expresaron que también solicitan el grupo y
factor de sangre, realizan tacto vaginal, evalúan la presión
y cuáles son los síntomas de la persona al momento de la
consulta. Se observó en este aspecto una asimetría de
criterios y fundamentos entre los diferentes
entrevistados.
Si bien el Municipio de Tigre cuenta con efectores públicos
que brindan ecografías sin costos, se pueden presentar
ciertos obstáculos en su acceso. Algunos CAFyS contaban
con la posibilidad de realizar ecografías en la misma
institución, o en instituciones cercanas, mientras que
otros debían derivar a sus pacientes a otras instituciones a
mayores distancias.
Las entrevistas han arrojado la preocupación de los
equipos sobre la gran cantidad de usuarias que no
continúa el seguimiento luego de la entrega de
medicación de IVE y/o no inicia un método anticonceptivo
(MAC). Esto se relaciona, en algunos casos, a la falta de
promoción y educación para la salud en los barrios; se
señaló también a la cantidad de demanda como difícil de
abarcar. En otros equipos se mencionó a la escasez o
discontinuación de insumos para garantizar el uso de un
MAC como un factor determinante para el abandono o
uso incorrecto del método y riesgo de embarazo no
intencional. También se consideró que hay mujeres en
situación de violencia de género con dificultades para
sostener un MAC. Para esto, algunos equipos relataron
haber implementado estrategias a través de seguimiento
por telemedicina o brindado el acceso a MACs al momento
de la entrega del misoprostol para realizar la interrupción.
Otras opiniones han sido responsabilizar a las personas en
cuanto al uso de un MAC y su relación con la reincidencia
al embarazo no intencional.
VIVENCIAS SUBJETIVAS DE LA POBLACIÓN
USUARIA EN TORNO AL ACCESO A IVE
A partir del cuestionario anónimo enviado a la población
usuaria de espacios de IVE en los diferentes CAFyS, se
obtuvo un total de 79 respuestas de las cuales se
desprenden los siguientes datos:
-En relación con el acceso de IVE, el 38% refirió que
tuvo conocimiento de que se realizaba dicha práctica
en el CAFyS por medio del personal de salud, el 27.8%
por medio de internet/redes sociales, el 27.8% por
medio de familiares/conocidos, el 10.1% por la línea
telefónica de salud sexual y reproductiva, el 3.8%
folletería y el 2.6% por cuenta propia.
-En cuanto a las consultas realizadas para acceder al
procedimiento, un 39,2% manifestó que solo realizó
una consulta, un 36,7% realizó dos consultas, un
17,7% asistió a tres consultas, y el resto a cuatro
consultas (ver Figura 6).
-El 91.1% manifestó que su experiencia en la atención
fue muy buena/ buena, refiriendo que: la atención fue
rápida; no se sintieron juzgades; que los profesionales
supieron despejar dudas y brindar toda la información
necesaria; que sintieron tranquilidad porque los
profesionales les dieron un número telefónico para
mantenerse en contacto; que el equipo brindó una
explicación clara, contención y seguimiento. Sin
embargo, hubo un porcentaje (2,5 y 6.3%) que
manifestó haber tenido una experiencia regular y/o
mala, respectivamente, relacionada a: que el personal
de recepción no tuvo un buen trato; que el
procedimiento falló; que luego de realizar el
procedimiento estuvo con malestar durante semanas y
profesionales médicos minimizaron el malestar o
manifestaron que era normal; que le brindaron
anticonceptivo sin realizar un análisis de sangre para
ver cuál era el método más apropiado; que los
profesionales del equipo cumplieron con un protocolo y
no acompañaron la situación; que faltó un seguimiento
luego de realizar el procedimiento; que los
profesionales cambian en las distintas consultas; que
hay un Centro de Salud que no garantiza IVE y no
facilita información de los lugares donde sí garantizan;
que recibieron destrato por parte del ecografista; que
tardaron los turnos para realizar la ecografía (ver
Figura 7).
-El 97,5% refirió que le solicitaron estudios
complementarios para acceder al tratamiento
(ecografía), el 19.2% señaló que también le solicitaron
análisis de sangre, 6.4% análisis de orina y 2.6% el
carnet de vacunas completas.
-Se consultó si pudo acceder al procedimiento deseado
y el 97,5% manifestó que sí, refiriendo que la
información recibida fue clara y concisa.
-Se indagó sobre qué información le hubiese gustado
recibir y el 98.7% coincidió que la brindada fue
suficiente y el 1.3% manifestó que tal vez fue
suficiente. En algunas situaciones manifestaron la
falta de un seguimiento post interrupción, falta de
información sobre los efectos del procedimiento, falta
de asesoramiento sobre lugares municipales que
garanticen las ecografías gratis o a bajo costo, y falta
de explicación sobre qué pasa si el tratamiento falla.
-Se preguntó si encontraron algún obstáculo para
acceder a la práctica. En escasas ocasiones
mencionaron los tiempos entre las consultas, no poder
acceder al método anticonceptivo deseado, y la falta de
turnos para realizarla.
-Entre los efectos adversos o complicaciones al realizar
el procedimiento se mencionaron: vómitos, náuseas,
retorcijones, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos,
fiebre, dolor corporal, sangrado abundante y dolor de
ovarios (ver Figura 8).
-El 79,7% acudió a la consulta post tratamiento.
-El 98,7% recibió información sobre métodos
anticonceptivos.
-Se indagó si conocían la Ley de IVE y qué cambios
pudieron observar desde su aplicación. Quienes la
conocían refirieron estar de acuerdo con la ley porque
les garantiza el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de
contar la situación que están atravesando con libertad
y sin sentirse juzgados; que el acceso a la práctica es
más fácil y seguro “antes lo hacían pero se corrían
muchos riesgos” (sic); que “hay más información sobre
el procedimiento y libertad al elegirlo” (sic); que ayuda
a las personas que atraviesan situaciones de violencia;
“anteriormente era ilegal” (sic); se diferencia en lo
económico, “ahora todas pueden acceder a un
procedimiento seguro” (sic).
-Por último, se preguntó si realizarían alguna
modificación para mejorar el acceso a IVE. En algunas
ocasiones se mencionó que se facilite la accesibilidad a
los turnos; que haya más días y franjas horarias de
atención para las personas que trabajan; que se
soliciten estudios post interrupción; que haya mayor
difusión de los días y horarios en los que funciona la
consejería en los distintos CAFyS; que se capacite a los
profesionales; que se acorten los tiempos de consulta;
que se brinde orientación de los lugares donde realizan
ecografías; que se brinde acompañamiento psicológico
y una línea telefónica de 24 horas que sea exclusiva de
IVE; que se organice un grupo con mujeres que hayan
atravesado por esa situación.
Dentro del contexto de la investigación, se han identificado
diversas tensiones relacionadas con la IVE. Una de ellas se
refiere al registro en la base de datos del municipio, donde
en algunos casos no se mantiene un orden o criterio
coherente en el registro de las intervenciones, generando
dificultades para realizar análisis estadísticos. Esta falta de
orden en el registro se atribuye, en parte, a la ausencia de
tiempo protegido para estas tareas, agravada por la
creciente demanda de consultas, constituyendo así uno de
los principales obstáculos para llevar a cabo esta labor de
manera efectiva.
En relación con los criterios generales establecidos para las
modalidades de trabajo de los equipos de IVE,
actualmente persisten omisiones y/o intervenciones
previas a la entrega de medicación, como por ejemplo la
solicitud rutinaria de estudios complementarios (análisis
sangre/orina o examen ginecológico) que suelen basarse
en puntos de vista personales de cada equipo o
profesional más que en criterios médicos estandarizados.
Esta situación puede crear barreras burocráticas que
dificultan el acceso de la población usuaria a sus derechos,
ya que estas solicitudes adicionales de estudios no siempre
son necesarias y pueden retrasar el inicio del tratamiento.
Respecto a la consulta post interrupción, se observaron
discrepancias notables entre los discursos de
profesionales y de la población usuaria. Los profesionales
expresan su preocupación por la baja concurrencia al
control post, indicando que la población usuaria a menudo
no retorna para continuar el seguimiento y se retiran sin
un MAC. Sin embargo, a pesar de que los datos de las
encuestas revelan que el 98.7% de la población usuaria
afirma haber recibido información sobre MAC, algunas
manifiestan su insatisfacción al no recibir el control post o,
en caso de recibirlo, encuentran limitaciones al elegir
dicho método debido a su falta de disponibilidad.
Si bien la gran mayoría del personal de salud mantiene
una mirada crítica y comprometida en favor del acceso a
la IVE y en la atención de las intercurrencias, algunos
sectores minoritarios del personal de los CAFyS aún
sostienen una perspectiva estigmatizante, que tiende a
culpar a las usuarias por no poder sostener el uso de un
MAC y reincidir en un embarazo no intencional. Esta
postura podría interpretarse, en parte, como
consecuencia de la falta de espacios adecuados de
capacitación y sensibilización del personal de salud sobre
esta temática.
Entre otros obstáculos, se puede mencionar la presencia
de un movimiento anti derechos en uno de los CAFyS, que
persuade a la población usuaria para impedir que lleguen
al espacio y puedan acceder a la interrupción. Por último,
se puede observar también, según las opiniones de la
población usuaria, dificultad en la accesibilidad a la IVE
por los tiempos de las consultas. Esta manifiesta en las
encuestas la necesidad de una franja horaria más amplia y
mayor disponibilidad horaria, así como también la
asequibilidad de conseguir turnos para ecografías.
CONCLUSIONES
A modo de cierre, la implementación de la IVE en el
Municipio de Tigre tuvo impactos notables en la ampliación
de la accesibilidad de la población a este derecho. No
obstante, la investigación ha demostrado que aún persisten
barreras y obstáculos para el acceso pleno al mismo. En este
sentido, se identificaron tensiones a nivel institucional en la
conformación de Equipos Interdisciplinarios, circuitos y
distribución desigual en los CAFyS, así como también en los
relatos de la población usuaria que, a pesar de destacar su
experiencia positiva en el acceso, mencionaron experiencias
negativas, las cuales se relacionan al trato del personal de
los CAFyS; la falta de seguimiento post-interrupción; la
limitación para elegir el MAC deseado; la escasa
disponibilidad de turnos para realizar ecografías en
espacios gratuitos; la minimización por parte de algunos
equipos de salud frente a sus relatos sobre efectos
adversos, entre los más destacados.
Esto evidencia la necesidad de seguir trabajando en
políticas públicas que promuevan una atención más
inclusiva y equitativa, como por ejemplo asignar recursos
financieros destinados a garantizar la disponibilidad de
recurso humano y materiales esenciales; implementar
programas de capacitación y sensibilización para
profesionales y la población en general; promover
investigaciones sobre esta temática; establecer un proceso
continuo de monitoreo y evaluación; incluir perspectivas
feministas en las políticas de salud, reconociendo la
interseccionalidad y abordando las desigualdades de
género que podrían incidir en el acceso a esta práctica.
En relación a la accesibilidad, en los CAyFS del Municipio
de Tigre existen diferentes elementos a mejorar, como
por ejemplo ampliar las estrategias de canales de difusión
para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de
servicios de IVE, horarios, y modalidad de abordaje;
implementar la sistematización unificada del registro de la
base de datos; ampliar las franjas horarias de atención y
de efectores para realizar ecografías pre y post IVE;
fomentar el desarrollo de equipos interdisciplinarios para
construir modalidades de intervención conjunta que
consideren el contexto, la historia, las demandas y las
necesidades de las personas y sus comunidades.
En conclusión, la plena implementación de la Ley 27.610
en el Municipio de Tigre requiere una acción integral a
nivel local y políticas públicas que aborden los desafíos
identificados. La accesibilidad a la IVE no solo es un
derecho legal sino un componente esencial para
garantizar la autonomía y salud reproductiva de las
mujeres y personas con capacidad de gestar en la
comunidad.
En este sentido, como equipo de salud se considera la
importancia de seguir garantizando y ampliando estos
espacios, ya que los datos estadísticos reflejados en esta
investigación han demostrado un acceso seguro,
reduciendo las consecuencias que el aborto clandestino
genera (mortalidad y morbilidad). No obstante, en la
actualidad política y social del país, se reflejan discursos
anti-derechos que podrían poner en riesgo esta conquista
colectiva. Por lo tanto, continuar defendiendo la salud
pública y la dignidad de quienes requieren acceder a este
derecho de manera segura, legal y gratuita, es una
manera de construir una sociedad más justa e inclusiva.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Municipio
de Tigre y su Secretaría de Salud, quienes nos permitieron
llevar adelante la investigación en las instituciones de
salud y el territorio. Agradecemos fundamentalmente a
los equipos de los diferentes CAFyS, por sus valiosos
aportes y participación en entrevistas. También
deseamos reconocer el rol imprescindible de las
Residencias de Medicina General y Trabajo Social del
CAFyS Troncos del Talar, donde nos formamos y
encontramos espacios de intercambio que fomentaron el
desarrollo de esta investigación. Así como también, el
acompañamiento de Yanina Argañaraz y Teresita Boully,
quienes brindaron su tiempo y conocimiento para aportar
valiosas observaciones y comentarios sobre la presente
investigación.
Hacemos mención especial a las Becas de investigación
en Salud Pública “Julieta Lanteri” por impulsar, apoyar y
promover las investigaciones en salud pública. Sin el
respaldo financiero provincial, este trabajo no hubiera
sido posible.
Agradecemos profundamente a toda la población usuaria
de los dispositivos de IVE, con quienes nos
comprometemos a continuar garantizando sus derechos
y promoviendo la accesibilidad. Su participación activa y
sus experiencias han sido fundamentales para enriquecer
nuestro trabajo y orientar nuestro accionar profesional
hacia la mejora continua en la atención de la salud
reproductiva.
Si bien la autoría del trabajo es del equipo que llevó
adelante la investigación, reconocemos que este es
producto de todas las partes involucradas. Desde los
profesionales de la salud hasta les usuaries y
organizaciones que levantan las banderas en defensa de
la salud pública, los derechos sexuales y (no)
reproductivos, y el acceso al aborto legal, seguro y
gratuito.
Esperamos que este trabajo contribuya a continuar
investigando y profundizando el conocimiento sobre la
temática, así como también sirva de aporte para
reflexionar sobre las condiciones de accesibilidad a la IVE
y la promoción de derechos sexuales y (no) reproductivos
de la población.
Las autoras y los autores no manifiestan
conflictos de interés.
Ag
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RB
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Cómo citar este artículo:
Argañaraz R, Barraza N, Fariña F, Marful Martínez C. Accesibilidad a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la atención primaria de
salud en el Municipio de Tigre (noviembre 2022 - noviembre 2023). Salud Publica [Internet]. 2025 Mar [fecha de consulta]; Volumen.
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