S A L U D  
Ensayo  
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Estudios exclusivos e inéditos, seleccionados con rigurosidad científica y revisados por pares  
Salud Publica 2026 Nov; 5  
Pensar el derecho en clave de salud integral: la  
intervención sociojurídica en la efectivización del  
derecho a la salud desde la experiencia en la  
Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis  
Virales de la provincia de Buenos Aires (2026)  
Rethinking Law through a comprehensive health perspective:  
socio-legal intervention in the effective realization of the right to  
health, drawing on the experience of the Directorate for the Prevention  
of HIV, STIs, and Viral Hepatitis (VH) in Buenos Aires Province (2026)  
Selene Olmedo  
Abogada  
Au  
Rs  
Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Gonnet, Argentina  
resi.olmedoselene@gmail.com  
Ab  
RESUMEN  
ABSTRACT  
El presente ensayo analiza la relación entre el reconocimiento  
normativo del derecho a la salud y su implementación efectiva en las  
políticas públicas dirigidas a personas que viven con VIH. A partir de  
la experiencia desarrollada durante 2026 en el marco de la  
Residencia de Salud y Derecho, en la Dirección Prevención de Virus  
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Infecciones de Transmisión  
Sexual (ITS) y Hepatitis Virales (HV) del Ministerio de Salud de la  
provincia de Buenos Aires, se examina el papel de la intervención  
sociojurídica como dispositivo institucional, orientado a garantizar el  
acceso efectivo a los derechos. En primer lugar, se presenta el marco  
normativo vigente en Argentina, destacando la consolidación del  
This essay analyzes the relationship between the legal recognition  
of the right to health and its effective implementation in public  
policies aimed at people living with HIV. Drawing on the experience  
gained in 2026 as part of the Health and Law Residency at the  
Directorate for the prevention of HIV, Sexually Transmitted  
Infections (STIs), and Viral Hepatitis (VH) of the Buenos Aires  
Ministry of Health, the essay examines the role of socio-legal  
intervention as an institutional mechanism designed to ensure  
effective access to rights. First, it presents the current legal  
framework in Argentina, highlighting the consolidation of the  
human rights-based approach through Law No. 27,675 (1). It then  
describes the functioning of the sociolegal mechanism, its  
interdisciplinary organization, and its main areas of intervention.  
Finally, it analyzes the administrative, institutional, and social  
barriers that persist in access to health care, highlighting the tension  
between the legal recognition of rights and the actual conditions  
under which they are implemented. The essay concludes that  
effectively guaranteeing the right to health requires not only a  
robust legal framework but also institutional mechanisms capable  
of coordinating interdisciplinary strategies that translate formally  
recognized rights into concrete responses for people living with HIV.  
enfoque de derechos humanos  
a
partir de la Ley 27.675 (1).  
Posteriormente, se describe el funcionamiento del dispositivo  
sociojurídico, su organización interdisciplinaria y sus principales  
líneas de intervención. Finalmente, se analizan las barreras  
administrativas, institucionales y sociales que persisten en el acceso  
a la salud, poniendo en tensión el reconocimiento jurídico de los  
derechos con las condiciones concretas de su implementación. Se  
concluye que la garantía efectiva del derecho a la salud requiere no  
sólo de un sólido marco normativo, sino también de dispositivos  
institucionales capaces de articular estrategias interdisciplinarias  
que transformen los derechos formalmente reconocidos en  
respuestas concretas para las personas que viven con VIH.  
Keywords: HIV; Right to Health; Legal Intervention; Public Policy;  
Human Rights; Argentina  
Palabras clave: VIH; Derecho a la Salud; Intervención Legal; Política  
Pública; Derechos Humanos; Argentina  
Recibido: 15 de julio 2026. Aceptado: 10 de agosto 2026. Aprobado: 12 de octubre 2026. Publicado: 7 de noviembre 2026.  
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ARK CAICYT: h  
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In  
INTRODUCCIÓN  
DEL RECONOCIMIENTO NORMATIVO A LA  
EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD.  
La sanción de la Ley Nacional N° 27.675 (1) de Respuesta  
Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de  
Transmisión Sexual (ITS)  
y
Tuberculosis (TBC) en  
En Argentina, la reforma constitucional de 1994 (3)  
fortaleció el reconocimiento del derecho a la salud como un  
derecho humano, al otorgar jerarquía constitucional a  
diversos tratados internacionales de derechos humanos.  
Argentina, consolidó un marco normativo amplio y basado  
en los derechos humanos, que fue destacado y celebrado  
por ONUSIDA (2) con motivo de su aprobación. Sin  
embargo, la existencia de un amplio reconocimiento  
jurídico no garantiza, por sí sola, el ejercicio de los derechos.  
Las personas que viven con VIH continúan enfrentando  
obstáculos administrativos, institucionales y sociales que  
limitan el acceso oportuno a la salud, evidenciando la  
persistencia de una brecha entre el derecho reconocido y el  
derecho efectivamente ejercido.  
La relación entre la salud y los derechos humanos  
constituye uno de los pilares de la respuesta integral al VIH.  
El derecho a la salud no puede entenderse únicamente  
como acceso a prestaciones médicas, sino como la garantía  
de condiciones que permitan a las personas alcanzar un  
adecuado nivel de bienestar físico, mental y social. Esta  
concepción del derecho a la salud encuentra sustento, en el  
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho  
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de  
salud física y mental y solicita a los Estados Partes la  
creación de condiciones que aseguren asistencia médica y  
servicios médicos en caso de enfermedad (4).  
El presente trabajo busca analizar cómo el marco  
normativo vigente en materia de VIH se traduce en  
intervenciones concretas desarrolladas por la provincia de  
Buenos Aires y hasta qué punto dichas intervenciones  
logran materializar la perspectiva de derechos humanos en  
el acceso a la salud que trajo consigo esta ley.  
Para ello, se toma como referencia la experiencia propia  
desarrollada entre abril y agosto de 2026, durante la  
rotación por la Dirección Prevención de VIH, Infecciones de  
ITS y Hepatitis Virales (HV) del Ministerio de Salud de la  
provincia de Buenos Aires, como residente de derecho y  
salud. Esta residencia es un espacio de formación  
Asimismo, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la  
Convención Americana sobre Derechos Humanos en  
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
—Protocolo de San Salvador— (5), reconoce el derecho a la  
salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico,  
mental  
y
social. Este último instrumento establece,  
interdisciplinaria orientada  
a
la construcción de  
obligaciones estatales vinculadas con la atención primaria  
de la salud, la extensión de los servicios de salud, la  
prevención y tratamiento de enfermedades y la atención  
de grupos en situación de mayor vulnerabilidad.  
intervenciones que articulan los campos de la salud  
pública, los derechos humanos y las políticas públicas. La  
formación jurídica se desplaza de una lógica  
exclusivamente normativa o litigiosa para incorporarse a  
equipos de salud, procesos de gestión estatal  
dispositivos de acompañamiento de personas  
comunidades.  
y
y
Este marco se complementa con las disposiciones del  
Código Civil y Comercial de la Nación, vinculadas con los  
derechos personalísimos y la autonomía de las personas  
(6). En particular, el artículo 59, que regula el  
consentimiento informado para los actos médicos e  
intervenciones en salud, refuerza la protección de la  
autonomía de la voluntad de las personas en el ámbito  
sanitario. Estas disposiciones contribuyen a consolidar un  
enfoque de derechos en la relación entre las personas y el  
sistema de salud.  
Esta experiencia se desarrolló en un ámbito en el que fue  
posible observar de manera concreta cómo los derechos se  
materializan, o se vulneran, en las trayectorias de vida de  
las personas. La práctica cotidiana demuestra que el acceso  
a la salud no depende únicamente de prestaciones  
médicas, sino también de condiciones sociales,  
económicas, culturales e institucionales que requieren  
intervenciones complejas y articuladas.  
En materia de VIH, la evolución normativa refleja una  
ampliación progresiva de la respuesta sanitaria, desde una  
concepción centrada principalmente en la prevención, el  
diagnóstico y el tratamiento de la infección hacia un  
enfoque integral basado en los derechos humanos. La Ley  
23.798 (7), que declaró de interés nacional la lucha contra el  
VIH/SIDA constituyó un avance significativo al establecer  
las primeras bases legales para la prevención y atención del  
VIH. Sin embargo, la sanción de la Ley 27.675 (1), implicó un  
cambio de paradigma al incorporar expresamente la  
En este sentido, el presente trabajo parte de la premisa de  
que la existencia de un marco normativo amplio constituye  
una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar  
el ejercicio efectivo del derecho a la salud. Desde esta  
perspectiva, la experiencia desarrollada no pretende  
únicamente describir una práctica profesional, sino aportar  
elementos para reflexionar críticamente sobre los desafíos  
que aún persisten en la materialización del derecho a la  
salud de las personas que viven con VIH.  
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la Dirección de Prevención de VIH, ITS, y Hepatitis Virales  
del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.  
perspectiva de derechos humanos y ampliar el objeto de  
protección hacia las hepatitis virales, las infecciones de  
transmisión sexual y la tuberculosis.  
LA INTERVENCIÓN SOCIOJURÍDICA COMO  
DISPOSITIVO INSTITUCIONAL PARA LA  
EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD  
Entre las principales modificaciones introducidas por la Ley  
27.675 (1) pueden señalarse las siguientes:  
1. Ámbito laboral y exámenes preocupacionales: la  
Ley 23.798 (7) no prohibía expresamente la  
realización del test de VIH en los exámenes médicos  
para ingresar a un trabajo, situación que generaba  
discriminación laboral frecuente. En cambio, la Ley  
27.675 prohíbe de forma expresa la realización de  
pruebas de VIH, Hepatitis B/C y TBC como requisito  
para el ingreso o permanencia en un trabajo.  
Si bien en el apartado anterior se examinó el marco  
normativo que sustenta la respuesta integral al VIH, el  
propósito central de este trabajo consiste en analizar  
cómo estos derechos adquieren una dimensión concreta  
mediante la intervención sociojurídica desarrollada en el  
sistema público de salud. La concreción del derecho a la  
salud exige superar una concepción restringida de la  
intervención jurídica, entendida exclusivamente como una  
respuesta posterior al conflicto o limitada al ámbito  
judicial. La complejidad de las trayectorias de vida de las  
personas que viven con VIH requiere dispositivos  
institucionales capaces de articular saberes sanitarios,  
sociales y jurídicos para construir respuestas integrales.  
2. Alcance de la normativa: mientras que la Ley  
23.798 (7) se encontraba enfocada exclusivamente en  
el VIH y el SIDA, la Ley 27.675 declara de interés  
público y nacional la respuesta integral al VIH y las  
Hepatitis Virales, adaptando un abordaje amplio e  
integrado.  
3. Consentimiento y confidencialidad: la legislación  
anterior contemplaba el consentimiento para la  
realización del test de VIH; sin embargo, en la práctica,  
la confidencialidad era frecuentemente vulnerada  
especialmente en ámbitos laborales o educativos, sin  
mecanismos eficaces de protección. La Ley 27.675  
fortalece estas garantías al establecer que la prueba  
En el ámbito de la Dirección de Prevención de VIH, ITS, y  
Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la provincia de  
Buenos Aires, es posible analizar el funcionamiento de  
uno de estos dispositivos. Jerarquizada como dirección de  
línea desde el año 2019, y dependiente de la Dirección  
Provincial de Epidemiología, organiza su trabajo mediante  
distintas líneas estratégicas que funcionan de manera  
debe ser voluntaria, gratuita, confidencial  
y
articulada  
e
interdisciplinaria, evitando una lógica  
acompañada además de un consentimiento previo,  
informado y expresamente otorgado por escrito.  
4. Cobertura integral de la atención: La Ley 23.798 (7)  
garantiza la asistencia médica básica y el acceso a  
medicamentos, pero con demoras y baches legales  
que en la práctica limitaba su garantía. Por su parte, la  
Ley 27.675 establece la cobertura universal y  
gratuita al 100% de medicamentos, tratamientos,  
vacunas, fórmulas nutricionales, y demás prestaciones  
necesarias, imponiendo esta obligación al sistema  
público de salud, a las obras sociales y a las  
empresas de medicina prepaga.  
fragmentada de intervención. Entre ellas, la línea de  
Prevención y Promoción de la Salud incorpora desde el  
año 2020 el Área de Derechos Humanos, creada a partir  
de la experiencia desarrollada por la entonces Dirección  
Nacional de VIH.  
La creación de esta área respondió al reconocimiento de  
que muchas de las vulneraciones de derechos que  
atraviesan las personas que viven con VIH no encuentran  
su origen en la ausencia de normas protectoras, sino en  
las dificultades para su implementación. En consecuencia,  
el Área de Derechos Humanos se constituye como un  
dispositivo sociojurídico orientado a garantizar el acceso  
Este marco normativo se complementa con otras normas  
que fortalecen la garantía del derecho a la salud, tales como  
las leyes 24.455 (8) y 24.754 (9), que establecen la  
obligación de brindar cobertura integral de las prestaciones  
vinculadas al diagnóstico y tratamiento del VIH por parte  
de obras sociales y empresas de medicina prepaga,  
mientras que la Ley 26.529 (10) reconoce derechos  
fundamentales de los pacientes, como el consentimiento  
informado, la confidencialidad, el acceso a la información y  
la autonomía de la voluntad.  
efectivo  
a
los derechos mediante un abordaje  
interdisciplinario, articulado con otros organismos del  
Estado y con organizaciones de la sociedad civil.  
El equipo está conformado por profesionales de distintas  
disciplinas —trabajo social, residentes de derecho,  
personal administrativo, infectólogos, docentes, entre  
otros— cuya práctica cotidiana se organiza mediante  
reuniones periódicas, el registro sistemático de las  
intervenciones, la distribución de responsabilidades, el  
seguimiento personalizado de cada situación  
y
la  
El reconocimiento normativo constituye el punto de  
partida para la garantía del derecho a la salud. Sin embargo,  
su efectividad depende de la existencia de dispositivos  
institucionales capaces de traducir esas previsiones  
jurídicas en respuestas concretas. Desde esta perspectiva,  
resulta pertinente analizar la experiencia desarrollada por  
coordinación permanente con distintos actores  
institucionales. Esta modalidad de trabajo permite  
construir respuestas colectivas frente a problemáticas  
complejas y evita que los conflictos sean abordados desde  
una única perspectiva disciplinar.  
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a los derechos. El dispositivo sociojurídico deja de  
constituir un espacio accesorio para convertirse en un  
componente estratégico de las políticas públicas  
destinadas a transformar los derechos formalmente  
reconocidos en derechos efectivamente ejercidos.  
Las consultas ingresan principalmente a través de los  
canales institucionales de comunicación —teléfono, correo  
electrónico y WhatsApp—, aunque una parte significativa  
proviene de organizaciones de la sociedad civil con las que  
la Dirección mantiene una articulación permanente. Una  
vez recibido el caso, el equipo realiza una evaluación  
interdisciplinaria destinada a identificar cuáles son las  
barreras que obstaculizan el acceso al derecho y cuáles  
son las estrategias más adecuadas para su resolución. El  
análisis no se limita a determinar la existencia de un  
derecho vulnerado, sino que procura comprender las  
condiciones sociales, administrativas e institucionales que  
producen esa vulneración.  
En este sentido, la experiencia desarrollada en la provincia  
de Buenos Aires pone de manifiesto que la efectividad del  
marco normativo nacional depende, en gran medida, de la  
capacidad de las jurisdicciones para construir dispositivos  
institucionales de implementación. Es en esa articulación  
entre la norma y la práctica donde la intervención  
sociojurídica adquiere un papel estratégico para la  
materialización del derecho a la salud.  
A
partir de esta evaluación interdisciplinaria, las  
estrategias de intervención se definen en función de las  
características de cada situación de las barreras  
identificadas. Entre las principales líneas de trabajo se  
encuentran aquellas vinculadas con el acceso  
BARRERAS PARA LA EFECTIVIZACIÓN DEL  
DERECHO A LA SALUD: ENTRE LA NORMA Y LA  
PRÁCTICA INSTITUCIONAL  
y
a
tratamientos y prestaciones de salud, especialmente  
frente a incumplimientos de obras sociales y empresas de  
medicina prepaga. En estos casos, el equipo articula con  
los efectores de salud, las regiones sanitarias y la  
Superintendencia de Servicios de Salud, procurando  
garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar que  
las dificultades administrativas se traduzcan en  
interrupciones de la atención.  
El funcionamiento cotidiano del dispositivo sociojurídico  
permite advertir que las situaciones que motivan las  
intervenciones presentan características recurrentes.  
Lejos de responder  
a
hechos aislados, expresan  
obstáculos estructurales que persisten aun dentro de un  
marco normativo ampliamente protector.  
Uno de los principales obstáculos está constituido por la  
burocracia administrativa. Retrasos en autorizaciones,  
demoras en la provisión de medicamentos, dificultades  
Otra línea de intervención se relaciona con el acceso al  
sistema público de salud de personas que inician  
tratamiento o que han perdido su cobertura de salud. En  
estas situaciones, el acompañamiento sociojurídico  
permite identificar las alternativas institucionales  
disponibles y articular con los efectores correspondientes  
para facilitar el acceso a la atención.  
para acceder  
a
prestaciones  
o
superposición de  
competencias entre distintos organismos, generan  
interrupciones que afectan la continuidad de los  
tratamientos y el acceso oportuno a las políticas públicas.  
En estos escenarios, la intervención sociojurídica procura  
restablecer circuitos institucionales que permitan remover  
esas barreras sin recurrir necesariamente  
judicialización.  
a
la  
Asimismo, el dispositivo interviene frente a situaciones  
que requieren el acceso a prestaciones de asistencia  
alimentaria,  
a
través del Programa de Asistencia  
A ello se suma la fragmentación propia del sistema de  
salud argentino. La coexistencia de competencias  
distribuidas entre el Estado nacional, las provincias, los  
municipios, las obras sociales y las empresas de medicina  
prepaga, genera respuestas heterogéneas y, en ocasiones,  
contradictorias. Si bien la Ley 27.675 (1) establece un  
amplio catálogo de derechos, su implementación efectiva  
depende de la capacidad de cada jurisdicción para  
desarrollar dispositivos institucionales que transformen  
esas previsiones normativas en políticas concretas. Desde  
esta perspectiva, las estrategias impulsadas por la  
provincia de Buenos Aires constituyen una forma de  
materializar el contenido de la legislación nacional  
mediante intervenciones territoriales, articulación  
interinstitucional y acompañamiento permanente de las  
personas.  
Alimentaria (PAAI), mediante la articulación con  
organismos provinciales, servicios sociales hospitalarios y  
otras instituciones involucradas.  
Finalmente, se abordan situaciones vinculadas con  
violencia, discriminación, criminalización y vulneraciones  
de la confidencialidad. En estos casos, la intervención  
puede incluir orientación jurídica, acompañamiento y  
articulación con organismos administrativos, instituciones  
sanitarias y redes de asesoramiento jurídico, de acuerdo  
con las características de cada situación.  
Estas intervenciones del Área de Derechos Humanos  
demuestran que no sólo busca resolver conflictos  
individuales, sino también fortalecer el funcionamiento  
del sistema público de salud. Exigir el cumplimiento de las  
obligaciones legales de las obras sociales y de las  
empresas de medicina prepaga, evita el traslado indebido  
de esas responsabilidades al subsector público, protege  
los recursos estatales y amplía las posibilidades de acceso  
Otra de las dificultades persistentes se relaciona con el  
estigma y la discriminación asociados al VIH. Las  
consultas recibidas evidencian situaciones vinculadas  
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personas que viven con VIH. La articulación entre  
hospitales, centros de atención primaria, organismos de  
protección social, áreas de derechos humanos,  
con la divulgación indebida del diagnóstico, prácticas  
discriminatorias en ámbitos laborales, obstáculos para  
acceder a prestaciones de salud o vulneraciones de la  
confidencialidad. Estas problemáticas no sólo lesionan  
derechos individuales, sino que producen efectos sobre  
la continuidad de los tratamientos, la salud mental y las  
posibilidades de integración social. En este sentido, los  
resultados del Índice de Estigma y Discriminación hacia  
las Personas con VIH en Argentina (11) muestran que el  
estigma continúa constituyendo uno de los principales  
determinantes que condicionan el acceso efectivo a los  
derechos, con especial impacto sobre mujeres, personas  
organizaciones  
comunitarias  
constituye  
y
equipos  
interdisciplinarios,  
una  
condición  
indispensable para garantizar intervenciones integrales  
y sostenidas en el tiempo.  
En este escenario, la intervención sociojurídica permite  
poner en tensión la distancia existente entre el  
reconocimiento normativo y la traducción de las políticas  
públicas en respuestas concretas. Más que suplir las  
limitaciones estructurales del sistema, procura generar  
estrategias institucionales capaces de disminuir sus  
efectos y ampliar las posibilidades de acceso efectivo a los  
derechos. Su principal aporte consiste, precisamente, en  
transformar el derecho en una práctica cotidiana de  
trans, migrantes  
vulnerabilizados.  
y
otros grupos históricamente  
Frente a esta complejidad, la construcción de respuestas  
en red adquiere una importancia central. Ninguna  
institución posee, por sí sola, la capacidad de resolver la  
totalidad de las problemáticas que atraviesan las  
gestión, articulación  
y
acompañamiento dentro del  
sistema público de salud.  
Cs  
CONCLUSIÓN  
El análisis realizado permite advertir que el marco  
normativo vigente en materia de VIH refleja un cambio de  
paradigma, al reconocer una concepción amplia del  
derecho a la salud y promover un enfoque basado en los  
derechos humanos. Sin embargo, la experiencia  
desarrollada en la Dirección de Prevención de VIH, ITS y  
Hepatitis Virales, del Ministerio de Salud de la provincia  
de Buenos Aires demuestra que el reconocimiento legal,  
por sí solo, no resulta suficiente para garantizar el acceso  
efectivo a los derechos.  
Los desafíos pendientes ya no se vinculan únicamente  
con la ampliación del reconocimiento normativo, sino con  
el fortalecimiento de dispositivos institucionales capaces  
de traducir esas garantías jurídicas en prácticas concretas.  
En este escenario, la intervención sociojurídica constituye  
una herramienta estratégica para integrar el derecho al  
trabajo cotidiano de los equipos interdisciplinarios de  
salud, desde una perspectiva orientada a la gestión, la  
prevención y la articulación institucional, y no únicamente  
a la resolución judicial de los conflictos. De este modo,  
contribuye a reducir las barreras de acceso y a efectivizar  
el derecho a la salud de las personas que viven con VIH.  
En este contexto, la intervención sociojurídica adquiere  
un papel central, ya que posibilita identificar y remover las  
barreras administrativas, institucionales y sociales que  
obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la salud.  
Asimismo, el trabajo interdisciplinario y la articulación  
entre distintos organismos permiten transformar los  
derechos reconocidos por la normativa en respuestas  
concretas para las personas con VIH.  
En este sentido, la experiencia analizada invita a repensar  
el lugar del derecho dentro de las políticas públicas de  
salud. Más que una disciplina convocada únicamente para  
resolver conflictos ya producidos, el derecho puede  
constituirse en una herramienta de gestión, prevención y  
articulación institucional capaz de fortalecer el  
funcionamiento del sistema sanitario y contribuir a la  
construcción de respuestas integrales frente  
problemáticas complejas.  
a
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E
S
ALUD
D
E
LAPROVINCIA DE BUENOS AIRES  
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RB  
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Olmedo S. Pensar el derecho en clave de salud integral: la intervención sociojurídica en la efectivización del derecho a la salud desde la  
experiencia en la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la provincia de Buenos Aires (2026). Salud Publica [Internet].  
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