Recibido:8 de junio 2026. Aceptado: 9 de junio 2026. Aprobado: 25 de junio 2026. Publicado: 16 de julio 2026.
La fuerza laboral en salud: protagonista y
factor estratégico para construir y garantizar el
derecho a la salud
The health workforce: a strategic pillar for building and
guaranteeing the right to health
Nicolás Kreplak 1 Médico sanitarista y Ministro de Salud https://orcid.org/0000-0002-4005-2572
Mario Rovere 2 Médico sanitarista https://orcid.org/0000-0002-6413-2120
1 Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Argentina
2 Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, Argentina
roveremarior@gmail.com
Au
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Especialistas de renombre reflexionan y profundizan temas claves concernientes a la salud pública
Salud Publica 2026 Jul; 5
RESUMEN
El sistema de salud es, en su núcleo, su fuerza laboral. Por
eso, situar la planificación, la formación y las condiciones
laborales en el centro de la agenda sanitaria resulta
fundamental. El presente artículo parte del diagnóstico
sobre la fragmentación profesional, la mercantilización de la
formación y la sobrecarga laboral que genera multiempleo y
burnout. Se plantea reorganizar el sistema desde la Atención
Primaria de la Salud, fortaleciendo equipos
interdisciplinarios, continuidad de cuidados y redes
articuladas con hospitales. Todo ello a partir de la defensa de
medidas concretas: dedicación exclusiva, una carrera
sanitaria federal, integración y regulación de residencias, y el
reconocimiento y jerarquización de las tecnicaturas y la
enfermería. Desde una perspectiva de género, se propone
alinear la formación superior con las necesidades territoriales
y ofrecer un marco analítico con propuestas operativas para
fortalecer la equidad, la calidad y la sostenibilidad del sistema
público de salud.
Palabras clave:
Fuerza Laboral en Salud; Personal de Salud; Atención
Primaria de Salud; Agotamiento Profesional;
Mercantilización; Argentina; Sistemas de Salud
ABSTRACT
The health workforce constitutes the foundation of every
health system. Therefore, placing workforce planning,
education, and working conditions at the center of the health
policy agenda is essential. This article examines the challenges
posed by professional fragmentation, the commercialization of
health education, and excessive workloads resulting in multiple
jobholding and burnout. It argues for a reorganization of the
health system based on Primary Health Care, strengthening
interdisciplinary teams, continuity of care, and integrated
service networks linked to hospitals. The article further
advocates for concrete policy measures, including exclusive
full-time employment, the establishment of a federal health
career system, the integration and regulation of residency
programs, and the recognition and professional advancement
of nursing and health technicians. From a gender perspective,
it proposes aligning higher education with territorial health
needs while providing an analytical framework and operational
recommendations to strengthen equity, quality, and the
sustainability of the public health system.
Keywords:
Health Workforce; Health Personnel; Primary Health Care;
Burnout, Professional; Commodification; Argentina; Health
Systems
Rs Ab
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REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El sistema de salud suele ser representado a través de sus
hospitales, de sus tecnologías o de sus medicamentos. Se
mide por la cantidad de camas, por la complejidad de sus
equipamientos, por el volumen de prestaciones o por el
precio de sus innovaciones biomédicas. Sin embargo,
detrás de cada institución, de cada tecnología y de cada
práctica de cuidado existe una dimensión frecuentemente
invisibilizada: el trabajo humano organizado.
Porque, en verdad, el sistema de salud son sus
trabajadores y sus trabajadoras; son quienes sostienen
cotidianamente la capacidad de prevenir, diagnosticar,
acompañar, rehabilitar, gestionar, investigar y garantizar el
derecho a la salud. Las instituciones sanitarias, incluso las
más complejas, son formas organizadas de articulación de
trabajo colectivo altamente especializado. El verdadero
soporte material del sistema sanitario no reside solamente
en su infraestructura física o tecnológica, sino en la enorme
densidad de conocimientos, vínculos, capacidades técnicas,
experiencia territorial y organización social que expresa su
fuerza laboral.
Pensar la fuerza laboral en salud implica mucho más que
discutir políticas de empleo o administración de personal.
Implica discutir el soporte, el sostén estratégico del sistema
sanitario y, en definitiva, sobre qué capacidades concretas
sostendrá la posibilidad de transformar los modelos de
atención, ampliar derechos, mejorar la calidad de los
cuidados y construir sistemas más equitativos y
universales.
En Argentina, el sector salud emplea aproximadamente a
un millón de personas y constituye uno de los campos
laborales más grandes y complejos del país (1). Pero,
además, posee una singularidad que lo diferencia de
prácticamente cualquier otra rama de la economía:
combina niveles extraordinarios de especialización técnica
con formas de trabajo profundamente interdisciplinarias e
interdependientes.
La medicina contemporánea ha desarrollado niveles
crecientes de sofisticación tecnológica y
subespecialización. Ese proceso produjo avances
extraordinarios en múltiples campos diagnósticos y
terapéuticos, pero también consolidó formas de
fragmentación del conocimiento y de organización del
sistema, muchas veces subordinadas a dinámicas de
mercado antes que a las necesidades sanitarias de las
poblaciones. La expansión permanente de tecnologías
diagnósticas y terapéuticas, el sobreuso de procedimientos
de alta complejidad y la medicalización creciente de la vida
cotidiana, impulsaron un aumento constante de los costos
sanitarios que no necesariamente se tradujeron en mejores
resultados de salud. En muchos casos, incluso,
profundizaron desigualdades y redujeron aún más las
posibilidades de acceso.
En este contexto, la noción de “fuerza laboral” busca
recuperar la dimensión política y colectiva del trabajo
sanitario frente a categorías que durante años redujeron a
quienes sostienen el sistema a simples “recursos humanos”
o “capital humano”. Porque quienes trabajan en salud no
constituyen únicamente un insumo administrativo ni una
inversión económica. Son sujetos sociales que producen
cuidados, organizan instituciones, construyen comunidad y
sostienen cotidianamente capacidades públicas
indispensables para la vida colectiva.
El concepto de recursos humanos, hoy superado, fue visto
como un avance respecto al previamente predominante de
“mano de obra”, porque permitía desplazarse desde la idea
de gasto a la de inversión y en lo que respecta a la
cosificación “recurso”, siempre podía remitir como a qué o a
quién se puede recurrir.
ARK CAICYT:
La discusión sobre la fuerza laboral no puede separarse de
la discusión sobre el modelo de atención. Cada modelo
sanitario produce determinadas formas de trabajo,
determinadas relaciones entre profesiones, determinadas
jerarquías institucionales y determinados modos de
construir el cuidado.
Durante décadas, gran parte de los sistemas sanitarios
organizaron sus lógicas de funcionamiento alrededor de
la hiperfragmentación del trabajo profesional y la
multiplicación de las especialidades, de la centralidad
hospitalaria y de una creciente mercantilización de las
tecnologías. La expansión permanente de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta
complejidad generó enormes avances científicos, pero
también consolidó modelos de organización muchas veces
desarticulados de las necesidades reales de las
comunidades.
La Atención Primaria de la Salud (APS) continúa siendo la
principal estrategia capaz de reorganizar racionalmente
esas tensiones desde una perspectiva de equidad. Pero
para ello es indispensable recuperar el sentido profundo de
la APS. No se trata simplemente de un primer nivel de
atención ni de una medicina “de baja complejidad”, sino de
una concepción integral de organización del sistema
sanitario basada en la territorialidad, la continuidad de
cuidados, la responsabilidad sanitaria sobre poblaciones
concretas, el trabajo interdisciplinario y la articulación entre
todos los niveles de atención.
Salud Publica 2026 Jul; 5
LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO EN LOS SISTEMAS DE SALUD
ATENCIÓN PRIMARIA Y REORGANIZACIÓN DEL CUIDADO
Organizar el sistema desde la base en la perspectiva de la
Atención Primaria implica reorganizar también el trabajo
sanitario. Implica pasar de modelos fragmentados y
centrados en prestaciones aisladas hacia equipos de salud
con capacidad colectiva de resolución. Equipos capaces de
construir seguimiento longitudinal, sostener vínculos
territoriales, coordinar cuidados y trabajar articuladamente
con hospitales, redes especializadas y organizaciones
comunitarias.
La APS no desvaloriza las especialidades. Por el contrario,
permite que cada especialidad despliegue mejor su
capacidad técnica dentro de redes organizadas de cuidado.
El problema no reside en el desarrollo científico de las
especialidades, sino en su desconexión respecto de
estrategias integrales de atención. Un sistema
fragmentado sobreutiliza tecnologías, multiplica
derivaciones innecesarias y desperdicia capacidades
profesionales. Un sistema integrado necesita equipos
estables, articulados y con capacidad colectiva de
resolución.
La complejidad contemporánea del cuidado exige además
equipos interdisciplinarios con roles diversos,
complementarios y crecientemente autónomos. Ya no es
posible pensar el trabajo sanitario únicamente alrededor de
una lógica donde determinadas profesiones concentran
toda la capacidad de decisión mientras el resto ocupa
lugares subordinados o accesorios. El sistema sanitario
contemporáneo no está compuesto solamente por
médicos y enfermeras. En él convergen psicólogos,
bioquímicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales,
trabajadores sociales, farmacéuticos, odontólogos,
promotores de salud y múltiples profesiones vinculadas
directamente al cuidado. Pero también participan
administradores, abogados, contadores, arquitectos
sanitaristas, bioingenieros, antropólogos, sociólogos,
especialistas en información y logística, entre muchos
otros actores indispensables para el funcionamiento
cotidiano del sistema.
Fortalecer la capacidad resolutiva de los equipos requiere
reconocer efectivamente esa complejidad y jerarquizar
especialmente aquellas disciplinas históricamente
subvaloradas dentro del sistema sanitario. El proceso de
profesionalización creciente de la enfermería constituye, en
este sentido, uno de los desafíos estratégicos más
importantes para las próximas décadas (2). Los modelos de
cuidados progresivos, la continuidad asistencial y las
nuevas formas de organización hospitalaria dependen
profundamente de la jerarquización técnica, profesional y
salarial de la enfermería y de múltiples disciplinas
vinculadas al cuidado (3).
La transformación del modelo de atención exige también
redefinir el vínculo entre hospitales y territorio. Los
hospitales no pueden continuar funcionando como
instituciones aisladas de las dinámicas comunitarias ni
organizadas exclusivamente alrededor de lógicas
corporativas de especialización. La reorganización en redes
integradas de servicios de salud requiere hospitales
articulados entre sí y con el primer nivel de atención,
capaces de construir continuidad de cuidados y sostener
mecanismos efectivos de referencia y contrarreferencia (4).
La noción de hospitales de cuidados progresivos
representa un intento de reorganizar las instituciones
hospitalarias desde las necesidades integrales de las
personas y no solamente desde la lógica fragmentaria de
las especialidades (3). Organizar los hospitales por niveles
de complejidad y necesidades de cuidado permite mejorar
la articulación interdisciplinaria, racionalizar recursos y
fortalecer el papel estratégico de las especialidades dentro
de equipos más amplios de atención (5).
Todo esto requiere consolidar especialidades transversales
tales como generalistas, clínicos, internistas, pediatras y
profesionales capaces de articular múltiples dimensiones
del cuidado. Pero también exige construir nuevas
capacidades de trabajo intersectorial y de integración con
otros saberes sociales. Porque los procesos de salud,
enfermedad y atención no pueden ser comprendidos
exclusivamente desde una mirada biomédica fragmentada.
La complejidad sanitaria contemporánea obliga a construir
formas de trabajo colectivo capaces de integrar
dimensiones sociales, culturales, territoriales y subjetivas
del cuidado.
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El sistema de salud suele ser representado a través de sus
hospitales, de sus tecnologías o de sus medicamentos. Se
mide por la cantidad de camas, por la complejidad de sus
equipamientos, por el volumen de prestaciones o por el
precio de sus innovaciones biomédicas. Sin embargo,
detrás de cada institución, de cada tecnología y de cada
práctica de cuidado existe una dimensión frecuentemente
invisibilizada: el trabajo humano organizado.
Porque, en verdad, el sistema de salud son sus
trabajadores y sus trabajadoras; son quienes sostienen
cotidianamente la capacidad de prevenir, diagnosticar,
acompañar, rehabilitar, gestionar, investigar y garantizar el
derecho a la salud. Las instituciones sanitarias, incluso las
más complejas, son formas organizadas de articulación de
trabajo colectivo altamente especializado. El verdadero
soporte material del sistema sanitario no reside solamente
en su infraestructura física o tecnológica, sino en la enorme
densidad de conocimientos, vínculos, capacidades técnicas,
experiencia territorial y organización social que expresa su
fuerza laboral.
Pensar la fuerza laboral en salud implica mucho más que
discutir políticas de empleo o administración de personal.
Implica discutir el soporte, el sostén estratégico del sistema
sanitario y, en definitiva, sobre qué capacidades concretas
sostendrá la posibilidad de transformar los modelos de
atención, ampliar derechos, mejorar la calidad de los
cuidados y construir sistemas más equitativos y
universales.
En Argentina, el sector salud emplea aproximadamente a
un millón de personas y constituye uno de los campos
laborales más grandes y complejos del país (1). Pero,
además, posee una singularidad que lo diferencia de
prácticamente cualquier otra rama de la economía:
combina niveles extraordinarios de especialización técnica
con formas de trabajo profundamente interdisciplinarias e
interdependientes.
La medicina contemporánea ha desarrollado niveles
crecientes de sofisticación tecnológica y
subespecialización. Ese proceso produjo avances
extraordinarios en múltiples campos diagnósticos y
terapéuticos, pero también consolidó formas de
fragmentación del conocimiento y de organización del
sistema, muchas veces subordinadas a dinámicas de
mercado antes que a las necesidades sanitarias de las
poblaciones. La expansión permanente de tecnologías
diagnósticas y terapéuticas, el sobreuso de procedimientos
de alta complejidad y la medicalización creciente de la vida
cotidiana, impulsaron un aumento constante de los costos
sanitarios que no necesariamente se tradujeron en mejores
resultados de salud. En muchos casos, incluso,
profundizaron desigualdades y redujeron aún más las
posibilidades de acceso.
En este contexto, la noción de “fuerza laboral” busca
recuperar la dimensión política y colectiva del trabajo
sanitario frente a categorías que durante años redujeron a
quienes sostienen el sistema a simples “recursos humanos”
o “capital humano”. Porque quienes trabajan en salud no
constituyen únicamente un insumo administrativo ni una
inversión económica. Son sujetos sociales que producen
cuidados, organizan instituciones, construyen comunidad y
sostienen cotidianamente capacidades públicas
indispensables para la vida colectiva.
El concepto de recursos humanos, hoy superado, fue visto
como un avance respecto al previamente predominante de
“mano de obra”, porque permitía desplazarse desde la idea
de gasto a la de inversión y en lo que respecta a la
cosificación “recurso”, siempre podía remitir como a qué o a
quién se puede recurrir.
La discusión sobre la fuerza laboral no puede separarse de
la discusión sobre el modelo de atención. Cada modelo
sanitario produce determinadas formas de trabajo,
determinadas relaciones entre profesiones, determinadas
jerarquías institucionales y determinados modos de
construir el cuidado.
Durante décadas, gran parte de los sistemas sanitarios
organizaron sus lógicas de funcionamiento alrededor de
la hiperfragmentación del trabajo profesional y la
multiplicación de las especialidades, de la centralidad
hospitalaria y de una creciente mercantilización de las
tecnologías. La expansión permanente de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta
complejidad generó enormes avances científicos, pero
también consolidó modelos de organización muchas veces
desarticulados de las necesidades reales de las
comunidades.
La Atención Primaria de la Salud (APS) continúa siendo la
principal estrategia capaz de reorganizar racionalmente
esas tensiones desde una perspectiva de equidad. Pero
para ello es indispensable recuperar el sentido profundo de
la APS. No se trata simplemente de un primer nivel de
atención ni de una medicina “de baja complejidad”, sino de
una concepción integral de organización del sistema
sanitario basada en la territorialidad, la continuidad de
cuidados, la responsabilidad sanitaria sobre poblaciones
concretas, el trabajo interdisciplinario y la articulación entre
todos los niveles de atención.
Salud Publica 2026 Jul; 5
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
CONDICIONES LABORALES, BURNOUT Y DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Organizar el sistema desde la base en la perspectiva de la
Atención Primaria implica reorganizar también el trabajo
sanitario. Implica pasar de modelos fragmentados y
centrados en prestaciones aisladas hacia equipos de salud
con capacidad colectiva de resolución. Equipos capaces de
construir seguimiento longitudinal, sostener vínculos
territoriales, coordinar cuidados y trabajar articuladamente
con hospitales, redes especializadas y organizaciones
comunitarias.
La APS no desvaloriza las especialidades. Por el contrario,
permite que cada especialidad despliegue mejor su
capacidad técnica dentro de redes organizadas de cuidado.
El problema no reside en el desarrollo científico de las
especialidades, sino en su desconexión respecto de
estrategias integrales de atención. Un sistema
fragmentado sobreutiliza tecnologías, multiplica
derivaciones innecesarias y desperdicia capacidades
profesionales. Un sistema integrado necesita equipos
estables, articulados y con capacidad colectiva de
resolución.
La complejidad contemporánea del cuidado exige además
equipos interdisciplinarios con roles diversos,
complementarios y crecientemente autónomos. Ya no es
posible pensar el trabajo sanitario únicamente alrededor de
una lógica donde determinadas profesiones concentran
toda la capacidad de decisión mientras el resto ocupa
lugares subordinados o accesorios. El sistema sanitario
contemporáneo no está compuesto solamente por
médicos y enfermeras. En él convergen psicólogos,
bioquímicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales,
trabajadores sociales, farmacéuticos, odontólogos,
promotores de salud y múltiples profesiones vinculadas
directamente al cuidado. Pero también participan
administradores, abogados, contadores, arquitectos
sanitaristas, bioingenieros, antropólogos, sociólogos,
especialistas en información y logística, entre muchos
otros actores indispensables para el funcionamiento
cotidiano del sistema.
Fortalecer la capacidad resolutiva de los equipos requiere
reconocer efectivamente esa complejidad y jerarquizar
especialmente aquellas disciplinas históricamente
subvaloradas dentro del sistema sanitario. El proceso de
profesionalización creciente de la enfermería constituye, en
este sentido, uno de los desafíos estratégicos más
importantes para las próximas décadas (2). Los modelos de
cuidados progresivos, la continuidad asistencial y las
nuevas formas de organización hospitalaria dependen
profundamente de la jerarquización técnica, profesional y
salarial de la enfermería y de múltiples disciplinas
vinculadas al cuidado (3).
La transformación del modelo de atención exige también
redefinir el vínculo entre hospitales y territorio. Los
hospitales no pueden continuar funcionando como
instituciones aisladas de las dinámicas comunitarias ni
organizadas exclusivamente alrededor de lógicas
corporativas de especialización. La reorganización en redes
integradas de servicios de salud requiere hospitales
articulados entre sí y con el primer nivel de atención,
capaces de construir continuidad de cuidados y sostener
mecanismos efectivos de referencia y contrarreferencia (4).
La noción de hospitales de cuidados progresivos
representa un intento de reorganizar las instituciones
hospitalarias desde las necesidades integrales de las
personas y no solamente desde la lógica fragmentaria de
las especialidades (3). Organizar los hospitales por niveles
de complejidad y necesidades de cuidado permite mejorar
la articulación interdisciplinaria, racionalizar recursos y
fortalecer el papel estratégico de las especialidades dentro
de equipos más amplios de atención (5).
Todo esto requiere consolidar especialidades transversales
tales como generalistas, clínicos, internistas, pediatras y
profesionales capaces de articular múltiples dimensiones
del cuidado. Pero también exige construir nuevas
capacidades de trabajo intersectorial y de integración con
otros saberes sociales. Porque los procesos de salud,
enfermedad y atención no pueden ser comprendidos
exclusivamente desde una mirada biomédica fragmentada.
La complejidad sanitaria contemporánea obliga a construir
formas de trabajo colectivo capaces de integrar
dimensiones sociales, culturales, territoriales y subjetivas
del cuidado.
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Jul; 5
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
CARRERA SANITARIA Y PLANIFICACIÓN FEDERAL
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Jul; 5
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
FORMACIÓN, RESIDENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
Salud Publica 2026 Jul; 5
EL FORTALECIMIENTO DEL TRAYECTO TÉCNICO PROFESIONAL
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
Salud Publica 2026 Jul; 5
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GOBIERNO
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Jul; 5
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOBERANÍA SANITARIA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DEMOCRATIZACIÓN SANITARIA
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Jul; 5
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
PANDEMIA, MEMORIA Y RECONOCIMIENTO DEL CUIDADO
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Jul; 5
en enfermería al artículo 43 previsto en la Ley de Educación
Superior (18), la dificultad en muchas universidades se ha
acrecentado.
La especialización es también un campo de importancia en
el desarrollo profesional de la enfermería, con la
expectativa de que la enfermería no reproduzca la
sobrespecialización a la que ha devenido la medicina por
razones que exceden las necesidades sanitarias.
El respeto por el desarrollo profesional de las y los
licenciados en enfermería y el fortalecimiento de sus
oportunidades de acceso a residencias, especialidades,
maestrías y doctorados, constituye una fortaleza,
especialmente si se reinvierte en el fortalecimiento de la
profesión como un todo y en una procura sistemática de la
calidad y calidez de la atención y del cuidado (19).
La organización de la fuerza laboral no comienza en el
momento de contratación de los trabajadores. Comienza
mucho antes: en los procesos de formación,
especialización, distribución territorial y construcción de
capacidades estratégicas para el sistema sanitario. Por eso,
pensar una política de fuerza laboral implica
necesariamente pensar una política integral de formación
en salud.
Los procesos de formación no constituyen dimensiones
accesorias del sistema sanitario. Son componentes
estructurantes de cualquier transformación profunda.
Cada reforma del sistema requiere simultáneamente
procesos formativos capaces de acompañarla, sostenerla y
profundizarla. Porque los cambios organizacionales no se
producen solamente mediante normas o decisiones
administrativas. Se construyen formando trabajadores,
CONCLUSIONES
La organización del trabajo en salud requiere la generación
de un adecuado contexto laboral; fuertemente alineado
con la procura de calidad, de seguridad para el paciente y
fortaleciendo la capacidad de respuesta integral del
sistema de salud. A la inversa, no es posible construir
procesos sostenidos de cuidado, continuidad asistencial,
trabajo interdisciplinario e innovación institucional sobre
condiciones laborales fragmentadas, precarias y/o
inestables.
Durante años, gran parte de los sistemas sanitarios
naturalizaron formas de organización laboral
profundamente contradictorias con los objetivos de calidad
y equidad que el propio sistema dice defender. Jornadas
extenuantes, guardias de veinticuatro horas, múltiples
empleos simultáneos, rotación permanente entre
instituciones, sobrecarga emocional y escasa estabilidad se
transformaron en componentes estructurales del trabajo
sanitario contemporáneo.
El agotamiento crónico de los trabajadores de la salud no
constituye un problema individual ni psicológico aislado.
Constituye una consecuencia estructural de modelos de
organización sanitaria construidos sobre la fragmentación
laboral, la sobrecarga permanente y la imposibilidad de
sostener tiempos adecuados para el cuidado. Durante
mucho tiempo, esas dinámicas fueron incluso
romantizadas como parte inevitable de la cultura sanitaria.
Sin embargo, ningún sistema sanitario puede construirse
sosteniblemente sobre trabajadores exhaustos (6).
El burnout deteriora la salud física y mental de quienes
trabajan, aumenta errores, debilita la capacidad de
reflexión clínica y termina afectando directamente la
calidad de atención de la población. Un trabajador agotado
dispone de menos tiempo para escuchar, para pensar
colectivamente, para investigar, para enseñar y para
construir vínculos de cuidado sostenidos.
La naturalización del multiempleo (7) constituye uno de los
ejemplos más claros de esa contradicción estructural. Miles
de trabajadores de la salud se ven obligados a sostener
simultáneamente múltiples empleos para alcanzar niveles
de ingresos aceptables. Esa dinámica no solo deteriora las
condiciones de vida de quienes trabajan; también debilita
profundamente la capacidad institucional de construir
equipos estables, generar pertenencia, sostener procesos
de mejora continua y consolidar prácticas de cuidado de
calidad.
La calidad sanitaria depende también del tiempo. Depende
del tiempo para constituir equipos, discutir casos, revisar
prácticas, coordinar cuidados, desarrollar protocolos,
evaluar procesos y sostener vínculos institucionales
duraderos. Resulta extremadamente difícil construir
metodologías de mejora continua y prácticas
interdisciplinarias cuando la permanencia de los
trabajadores en cada institución es episódica o
fragmentaria.
Por eso, avanzar hacia modalidades de dedicación exclusiva
o de tiempo completo debe transformarse en uno de los
objetivos estratégicos centrales de cualquier política de
fuerza laboral orientada a fortalecer el sistema público de
salud. La dedicación exclusiva no constituye un privilegio
corporativo. Constituye una herramienta estratégica para
transformar el sistema sanitario.No solamente mejora
ingresos o estabilidad. Permite construir pertenencia
institucional, consolidar equipos, sostener procesos de
formación continua, desarrollar investigación aplicada y
fortalecer la capacidad colectiva de transformar prácticas y
organizaciones. Las instituciones sanitarias necesitan
trabajadores con tiempo para formar parte de la vida
institucional, discutir procesos de trabajo, revisar
protocolos, construir innovación organizacional y fortalecer
redes interdisciplinarias de cuidado (7).
La dedicación exclusiva permite recuperar algo central para
cualquier política sanitaria: la construcción de comunidad
institucional. Hospitales, centros de salud y redes
sanitarias no son simplemente espacios físicos donde se
realizan prestaciones. Son organizaciones complejas que
producen conocimiento, construyen cultura institucional y
sostienen prácticas colectivas de cuidado. Cuando la
rotación permanente y el multiempleo se vuelven la norma,
esa dimensión institucional se debilita profundamente.
Fortalecer dedicaciones exclusivas, especialmente en el
sector público, constituye entonces una inversión
estratégica para mejorar simultáneamente las condiciones
de vida de los trabajadores, la calidad de atención, la
continuidad de cuidados, la capacidad docente, la
investigación y la capacidad de conducción del sistema
sanitario.
La discusión sobre condiciones laborales tampoco puede
reducirse a una discusión salarial aislada. Las enormes
disparidades salariales existentes entre distintas
especialidades constituyen un problema estructural para el
funcionamiento del sistema. No porque todas las tareas
sean idénticas ni porque las responsabilidades específicas
deban desconocerse, sino porque diferencias extremas de
reconocimiento económico terminan distorsionando la
organización global del sistema sanitario.
Cuando determinadas especialidades perciben
remuneraciones muy superiores a otras funciones
igualmente indispensables para el funcionamiento de los
equipos de salud, el sistema deja de organizarse según
necesidades sanitarias y comienza a hacerlo según
dinámicas de mercado. La consecuencia es conocida: faltan
profesionales en áreas críticas, se debilitan las disciplinas
generalistas, se sobrecargan determinadas especialidades
indispensables y se profundizan las desigualdades
territoriales de acceso.
Por eso, resulta necesario promover políticas de
remuneración y reconocimiento coherentes con los
objetivos estratégicos del sistema de salud. La Atención
Primaria constituye la estrategia organizadora del sistema,
y las condiciones laborales, la formación y las políticas
salariales deben promover efectivamente el trabajo
interdisciplinario, los perfiles generalistas, la continuidad
de cuidados y la integración territorial.
En este contexto, la construcción de una carrera sanitaria
adquiere una importancia estratégica central. Una carrera
sanitaria no representa solamente un mecanismo
administrativo de ordenamiento laboral. Constituye una
arquitectura institucional destinada a organizar el
desarrollo de capacidades estratégicas para el sistema de
salud y construir trayectorias laborales estables,
reconocidas y articuladas con las necesidades sanitarias de
cada territorio.
La Argentina necesita contar con una carrera sanitaria con
criterios federales, capaz de reconocer las particularidades
provinciales y regionales, pero al mismo tiempo sostener
una lógica común orientada a lograr una equitativa
distribución geográfica y social de la fuerza laboral y a
fortalecer el sistema público y el trabajo colectivo de
cuidado. Esa carrera debe valorizar la formación continua,
la experiencia, la investigación y la capacidad de asumir
responsabilidades crecientes dentro de los equipos y de las
instituciones, evitando reproducir fragmentaciones y
jerarquías más funcionales al mercado que a las
necesidades de la población y del sistema sociosanitario.
La discusión sobre la fuerza laboral adquiere una
complejidad particular en un país con organización federal
del sistema de salud, especialmente en un contexto en el
que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución
674/2026 (8), acaba de debilitar intencionadamente la
matrícula nacional delegándola a instituciones
universitarias públicas y privadas. La formación
universitaria de profesionales de salud continúa siendo
predominantemente pública y todas las universidades
proveen títulos de provisión nacional, mientras que la
matriculación profesional, las regulaciones laborales y
buena parte de la organización concreta de los servicios
sanitarios, se estructuran provincialmente y la mayoría de
las provincias delega su función regulatoria en entidades
colegiadas. Esa fragmentación institucional vuelve todavía
más necesaria la construcción de mecanismos sólidos de
articulación y conducción estratégica.
No se trata de desconocer autonomías provinciales ni
particularidades territoriales. Por el contrario: se trata de
construir una arquitectura federal capaz de integrar
diversidades bajo objetivos sanitarios comunes. La fuerza
laboral sanitaria necesita reglas generales, criterios
comunes de calidad, mecanismos de planificación
compartidos y herramientas de articulación que permitan
sostener la circulación, la complementariedad y la
coherencia en la organización global del sistema.
Ningún sistema de salud puede organizar racionalmente
sus capacidades si desconoce cuántos trabajadores tiene,
dónde trabajan, en qué condiciones lo hacen, cuáles son las
especialidades deficitarias y cuáles son las necesidades
estratégicas de formación para los próximos años.
Planificar situacionalmente con una perspectiva solidaria y
participativa la fuerza laboral constituye una condición
indispensable para garantizar equidad territorial y
capacidad efectiva de respuesta sanitaria. La planificación
de la fuerza laboral debe ser entendida como una función
permanente de gobierno y no como un ejercicio técnico
ocasional o meramente estadístico (9).
Además, la discusión sobre condiciones laborales no puede
desvincularse de las transformaciones demográficas y
culturales que atraviesan actualmente al sistema sanitario.
El sector salud experimenta desde hace años un profundo
proceso de feminización (10). Las mujeres representan hoy
una proporción creciente y mayoritaria de quienes
sostienen cotidianamente hospitales, centros de salud y
redes de cuidado (11). Esa realidad obliga a revisar
críticamente formas históricas de organización laboral
construidas muchas veces sobre modelos profundamente
patriarcales y verticalistas que desconocen la distribución
social del trabajo de cuidados no remunerado y naturalizan
exigencias y sobrecargas que resienten tanto la calidad de
vida de las trabajadoras como la calidad de la atención (12).
Las políticas de fuerza laboral deben incorporar de manera
explícita perspectivas de cuidado, reconocimiento y
equidad con enfoque de género, tanto en la distribución de
tareas como en las condiciones de trabajo y en las
posibilidades de desarrollo profesional. Porque no existen
procesos de atención y cuidado de calidad y de calidez
sensibles a las necesidades siempre cambiantes de nuestro
pueblo cuando quienes tienen a su cargo esa
responsabilidad trabajan agotados, precarizados o
invisibilizados.
equipos e instituciones capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización
sanitaria.
La residencia continúa es el principal dispositivo de
formación especializada y de construcción de capacidades
profesionales para el sistema de salud (13-14) en el caso de
la medicina, pero cada vez más también en enfermería y en
múltiples profesiones del equipo de salud. El título
universitario de grado representa fundamentalmente una
habilitación general de entrada al sistema, pero no
garantiza por sí mismo la preparación necesaria para
ejercer autónomamente prácticas complejas dentro de
redes contemporáneas de cuidado.
La residencia constituye mucho más que una etapa
educativa. Constituye una herramienta estratégica de
planificación sanitaria. A través de las residencias, el
sistema forma las especialidades que necesita, organiza
capacidades técnicas, construye equipos y garantiza
estándares mínimos de calidad en la formación profesional.
Por eso, las residencias no pueden quedar subordinadas
exclusivamente a las dinámicas del mercado de trabajo y a
los intereses corporativos o estrategias comerciales de
instituciones privadas y del complejo médico industrial
transnacionalizado (15).
Cuando el mercado organiza la formación de especialidades,
el sistema sanitario deja de producir capacidades según
necesidades de salud y comienza a producirlas según
criterios de rentabilidad económica. La consecuencia es
visible: coexistencia entre déficits críticos de profesionales
en áreas estratégicas y sobreoferta de especialidades
vinculadas a nichos de mayor rentabilidad, concentración
territorial de especialistas, debilitamiento de perfiles
generalistas y creciente fragmentación del sistema sanitario.
La Argentina construyó históricamente un sistema de
residencias amplio y prestigioso, particularmente
sostenido por el sector público. Sin embargo, en los últimos
años se produjo un deterioro significativo de los
mecanismos de integración y planificación conjunta entre
distintos niveles jurisdiccionales. La fragmentación
creciente entre sistemas nacionales, provinciales y locales
debilitó especialmente a aquellas regiones con menor
capacidad institucional o menor presencia universitaria.
Al mismo tiempo, comenzaron a expandirse mecanismos
privados de certificación y formación especializada,
muchas veces desvinculados de criterios homogéneos de
regulación pública. Universidades públicas y privadas,
sociedades científicas y diversos actores corporativos
desarrollan crecientemente trayectorias formativas
paralelas utilizando estructuras hospitalarias públicas sin
integrarse necesariamente a una planificación estratégica
del sistema sanitario.
La Argentina necesita avanzar hacia un sistema integrado
y regulado de residencias y formación especializada, donde
la residencia constituya efectivamente la vía central y
jerarquizada de formación de especialistas para el sistema
de salud. Incluso más, las competencias profesionales sin
residencias deben quedar circunscriptas a las habilidades
certificadas en el grado.
Existen en el país al menos seis formas diferentes de
formarse (y de anunciarse) como especialista en la
Argentina, todas ellas reconocidas por los Colegios y el
Ministerio de Salud de la Nación. La respuesta más legítima
y sustentable a largo plazo deviene de constituir una fuerte
alianza entre ministerios de salud y universidades públicas
para fusionar el sistema de residencias con las carreras de
especialista de posgrado, adecuadamente acreditadas (16).
Eso implica garantizar estándares comunes de calidad
formativa, condiciones laborales adecuadas, supervisión
académica, remuneraciones dignas y criterios de
evaluación homogéneos. Pero implica también algo más
profundo: definir estratégicamente qué especialidades
necesita el país, dónde deben formarse y cómo distribuir
territorialmente esas capacidades. Las más refinadas
especialidades y subespecialidades le rinden más a nuestro
pueblo si no son u operan como puerta de entrada, sino
que brindan sus servicios por derivación de profesionales
con una rigurosa formación transversal y generalista.
La formación de especialistas no puede quedar librada
únicamente a preferencias individuales, dinámicas de
mercado o posibilidades económicas de determinados
sectores sociales. Por ello constituye una responsabilidad
estratégica del Estado.
No existe soberanía sanitaria sin conducción y soberanía
sobre la formación y organización de la fuerza laboral en
todo el ciclo de la fuerza laboral: planificación, formación,
regulación, empleo, condiciones de trabajo, distribución
territorial y carrera profesional.
Una significativa proporción de la dotación de los servicios
de salud es protagonizada por el tramo técnico profesional
de dilatada trayectoria en nuestro país. La presencia de la
enfermería técnica superior junto con el título intermedio de
enfermería universitaria predomina demográficamente en la
provincia y en todo el país (17), configurando una proporción
significativa de la planta profesional y las diversas
tecnicaturas como las de laboratorio, histopatología,
radiología e imágenes, hemoterapia, acompañante
terapéutico, farmacia, instrumentación quirúrgica,
esterilización o salud comunitaria, que multiplican las
escalas, la complejidad y el alcance de los servicios de salud.
Además del caso singular de enfermería, otras tecnicaturas
han alcanzado también el nivel de licenciaturas en el
sistema universitario.
Si se realiza un análisis crítico para sustentar nuevas
propuestas, resulta evidente lo que señala la Ley 24.521
(18): la educación superior incluye “las universidades e
institutos universitarios, estatales o privados autorizados y
los institutos de educación superior de jurisdicción
nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman
parte del Sistema Educativo Nacional”. Resulta ostensible
la escasa articulación y reconocimiento recíproco de estas
instituciones que reunidas forman el grueso de la fuerza
laboral en salud.
El caso de enfermería resulta por demás significativo.
Mientras puede afirmarse que para la consideración social
la enfermería es una única profesión, diferentes pisos de
formación coexisten sin una adecuada articulación.
Aunque el título de auxiliar de enfermería ha dejado de
ofrecerse por ley desde mayo de 2025, el número de
profesionales que ejercen con ese título no es menor y,
aunque pueda argumentarse que se trata de personas
cercanas a la jubilación, es escasa la inversión pública —con
escasas y honrosas excepciones— destinada a la
reconversión profesional mediante programas y diseños
horarios que faciliten la formación. Otro tanto ocurre entre
enfermería universitaria y enfermería técnica superior. Con
un número de horas y años de formación similar no se han
compatibilizado los programas, aunque tengan trayectos
profesionales y carrera sanitaria similar. El hecho de que la
formación universitaria sea de alcance nacional y la
formación técnica superior sea provincial, probablemente
dificulta esa articulación. Lo cierto es que el acceso a la
licenciatura en enfermería resulta difícil y, en muchos
casos, desde la incorporación de la carrera de licenciatura
La discusión sobre la fuerza laboral en salud no puede
limitarse únicamente a la cantidad de trabajadores disponibles
o a sus condiciones de contratación. También implica pensar
cómo se producen conocimientos, cómo se forman
capacidades institucionales y cómo se construye la posibilidad
misma de conducir sistemas sanitarios complejos (9).
Los procesos de formación no son dimensiones accesorias
del sistema de salud. Son componentes estructurantes de
cualquier transformación sanitaria. Cada reforma del
sistema requiere simultáneamente procesos de formación
capaces de acompañarla, sostenerla y profundizarla.
Porque los cambios organizacionales no se producen
solamente mediante normas o decisiones administrativas.
Se construyen formando trabajadores, equipos e
idoneidades institucionales capaces de materializar nuevas
prácticas de cuidado y nuevas formas de organización.
En este marco, el fortalecimiento de la capacidad docente de
hospitales y centros de salud adquiere una importancia
central. Los hospitales escuela representan mucho más que
instituciones donde se dictan clases o se reciben estudiantes.
Son espacios donde el conocimiento se actualiza, se discute,
se produce y se transforma permanentemente. Las
instituciones que desarrollan actividades docentes no
solamente enseñan, también aprenden.
La presencia de procesos formativos continuos obliga a
revisar prácticas, discutir evidencia, sistematizar
experiencias y construir mecanismos permanentes de
evaluación y actualización. Por eso, la integración entre
universidades y sistema de salud constituye una dimensión
estratégica para mejorar simultáneamente calidad
asistencial, producción de conocimiento y capacidad
institucional.
Lo mismo ocurre con la investigación. Durante mucho
tiempo, gran parte del reconocimiento académico y
profesional dentro del campo sanitario quedó asociado casi
exclusivamente a innovaciones biomédicas o a desarrollos
tecnológicos de alta complejidad. Sin desconocer la
importancia de esos avances, resulta indispensable ampliar
la noción misma de investigación sanitaria.
Los sistemas de salud necesitan también investigar sus
propios procesos de trabajo, producir conocimiento sobre
organización de servicios, estrategias de cuidado, modelos
de atención, continuidad asistencial y formas concretas de
respuesta sanitaria en distintos territorios y comunidades.
Investigar sobre la propia práctica constituye una de las
herramientas más potentes para transformar instituciones
sanitarias. Cuando los equipos pueden analizar
críticamente sus resultados, revisar procesos y socializar
experiencias, el sistema desarrolla capacidad de
aprendizaje colectivo. La investigación deja entonces de ser
un espacio aislado reservado exclusivamente a ciertos
sectores académicos y se transforma en una herramienta
cotidiana de mejora institucional y democratización del
conocimiento.
Por ello, los ejes estructurantes de la investigación sobre (y
con) la fuerza laboral en salud —podría decirse que la
fuerza laboral se investiga a sí misma y se reconoce en
ello— incluyen al menos los ejes de: I. sociología de las
profesiones y de las especialidades; II. mercado de trabajo;
III. procesos de trabajo y funciones de producción; y IV.
investigación educativa.
Pero, además, existe otra dimensión estratégica
frecuentemente subestimada: la formación para el
gobierno y la conducción del sistema de salud.
Los sistemas sanitarios contemporáneos son
organizaciones extraordinariamente complejas.
Administran enormes volúmenes de recursos, articulan
múltiples niveles institucionales, coordinan miles de
trabajadores y deben responder simultáneamente a
desafíos epidemiológicos, tecnológicos, financieros,
territoriales y políticos de enorme magnitud. Sin embargo,
durante mucho tiempo, gran parte de las
responsabilidades de conducción sanitaria quedaron
organizadas casi exclusivamente alrededor de criterios de
antigüedad, prestigio profesional o reconocimiento
corporativo.
Pero ser un gran especialista no garantiza
automáticamente la capacidad de conducción. La gestión
sanitaria requiere conocimientos específicos vinculados a
planificación, organización institucional, administración
pública, conducción de equipos, análisis epidemiológico,
financiamiento, evaluación de políticas y gobierno de
sistemas complejos. Requiere también capacidad política
para construir consensos, conducir transformaciones y
sostener procesos de cambio institucional.
Por eso, resulta indispensable avanzar en la creación y
fortalecimiento de escuelas de gobierno en salud en
todo el país. Escuelas capaces de formar jefes de
servicio, directores de hospitales, coordinadores de
redes, secretarios de salud y ministros con preparación
técnica y política para conducir sistemas sanitarios
complejos.
Formar gestores sanitarios es formar capacidad estatal.
La discusión contemporánea sobre la fuerza laboral en
salud no puede desligarse del impacto creciente de las
tecnologías de información, comunicación e inteligencia
artificial sobre los procesos de cuidado y organización
sanitaria. La incorporación de nuevas tecnologías posee un
enorme potencial para mejorar accesibilidad, integración de
información, seguimiento de pacientes, coordinación de
redes y apoyo a la toma de decisiones clínicas y sanitarias.
Sin embargo, el problema central no reside en la tecnología
en sí misma, sino en los objetivos políticos y sanitarios que
orientan su utilización. Las tecnologías nunca son
neutrales. Expresan relaciones de poder, prioridades
económicas y modelos de organización social
En sistemas sanitarios profundamente mercantilizados, las
innovaciones tecnológicas suelen incorporarse
principalmente bajo lógicas de aumento de productividad,
reducción de costos laborales y expansión de mercados. En
muchos casos, las tecnologías terminan reforzando
procesos de fragmentación, aceleración del trabajo y
subordinación creciente de las prácticas de cuidado a
dinámicas empresariales y financieras. Por eso resulta
indispensable discutir la incorporación tecnológica desde
una perspectiva de soberanía sanitaria.
La inteligencia artificial y las tecnologías digitales deben
ponerse al servicio de las necesidades del sistema de salud
y de las comunidades, y no al revés. Deben fortalecer
capacidades colectivas de cuidado, ampliar accesibilidad y
mejorar la calidad de los procesos sanitarios. No
reemplazar el trabajo humano ni profundizar dinámicas de
precarización y automatización deshumanizante.
Junto con el aumento de la capacidad y velocidad de
análisis de datos, de contrastación con la evidencia
científica y en la orientación en estrategias de atención, el
uso de la inteligencia artificial debe tener como objetivo
principal generar más tiempo para los procesos de cuidado,
de escucha y de intercambio por parte de los trabajadores
de salud. Es indispensable dejar establecido que no es el
aumento de la productividad ni el reemplazo humano lo
que se busca, sino una mejora en la calidad que es
intensamente dependiente del tiempo dedicado entre las
personas.
Las tecnologías pueden asistir, acompañar y potenciar
múltiples dimensiones del trabajo sanitario, pero no
pueden sustituir la escucha, la construcción de confianza, la
comprensión territorial ni la complejidad vincular que
atraviesa los procesos de salud, enfermedad y atención.
El desafío no consiste en aceptar o rechazar acríticamente
las nuevas tecnologías, consiste en construir capacidad
política y estatal para orientarlas estratégicamente.
La Atención Primaria de la Salud constituye una estrategia
de reorganización técnica del sistema sanitario, pero
implica también una forma profundamente democrática de
concebir la salud, el cuidado y la relación entre instituciones
y comunidades. La Declaración de Alma-Ata estableció que
la participación comunitaria no debía entenderse como una
actividad complementaria o instrumental, sino como un
componente esencial de una concepción integral de salud
basada en las necesidades de las poblaciones y en su
capacidad de intervenir sobre los procesos que determinan
su bienestar.
La salud no puede producirse exclusivamente desde
estructuras burocráticas ni desde decisiones tomadas de
manera aislada por expertos. Los procesos de salud,
enfermedad y atención, están atravesados por condiciones
sociales, culturales, económicas, territoriales y
comunitarias que requieren necesariamente de
participación colectiva para poder ser comprendidos y
abordados adecuadamente. Como han señalado distintas
corrientes del pensamiento sanitario latinoamericano, los
problemas de salud no son solamente fenómenos
biológicos individuales, sino procesos sociales donde
intervienen formas de vida, relaciones de poder,
desigualdades y modos de organización colectiva.
Por eso, la participación comunitaria constituye una
dimensión central de cualquier estrategia seria de
transformación sanitaria. No se trata únicamente de
incorporar mecanismos formales de consulta, encuestas de
satisfacción o acciones aisladas de promoción comunitaria.
Se trata de construir instituciones sanitarias capaces de
escuchar, dialogar y organizar sus respuestas a partir de las
necesidades concretas de las poblaciones y territorios
donde actúan.
La Atención Primaria de la Salud adquiere en este punto
toda su dimensión política. No es solamente una estrategia
para ordenar servicios o mejorar indicadores sanitarios. Es
una forma de construir una relación diferente entre Estado,
trabajadores y comunidad. La territorialidad implica
reconocer que las poblaciones no son receptoras pasivas de
prestaciones, sino sujetos colectivos con saberes,
experiencias y capacidades que deben formar parte de la
construcción del cuidado.
Los centros de atención primaria, por su inserción
territorial y por su vínculo continuo con las poblaciones a
cargo, poseen condiciones privilegiadas para desarrollar
formas más democráticas de organización sanitaria. La
cercanía cotidiana con los problemas reales de las personas
permite construir capacidades de escucha, participación y
articulación comunitaria mucho más difíciles de desarrollar
en modelos exclusivamente hospitalocéntricos y
fragmentados (3).
La democratización del sistema sanitario implica también
fortalecer la participación de los propios trabajadores en las
decisiones institucionales. Los trabajadores no son
únicamente ejecutores de políticas diseñadas
externamente, son sujetos que producen cotidianamente
conocimiento práctico sobre el funcionamiento real de
hospitales, centros de salud y redes sanitarias. Esa
experiencia constituye una fuente estratégica de
aprendizaje institucional que no puede ser reemplazada
por diseños exclusivamente administrativos o
tecnocráticos.
Las instituciones sanitarias más democráticas suelen ser
también las más capaces de aprender, innovar y adaptarse.
Porque la participación de trabajadores y comunidades
fortalece la construcción colectiva de soluciones, mejora la
circulación de conocimientos y reduce formas autoritarias y
verticalistas de organización institucional que
históricamente atravesaron buena parte de los sistemas
sanitarios.
Democratizar la salud implica democratizar también la
producción de conocimiento, la toma de decisiones y la
organización cotidiana del cuidado. Defender sistemas
públicos de salud implica defender instituciones capaces de
construir comunidad (3).
La pandemia de COVID-19 dejó una evidencia imposible de
negar: el verdadero sostén de los sistemas de salud son sus
trabajadores.
Durante los momentos de mayor incertidumbre y
fragilidad social, millones de personas sostuvieron
hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y
redes de atención bajo condiciones de enorme presión
física, emocional y organizacional. La pandemia volvió
visible algo que ya estaba presente pero frecuentemente
invisibilizado: los sistemas sanitarios no están constituidos
principalmente por edificios, equipamientos o tecnologías,
sino por personas organizadas colectivamente para cuidar
a otras personas.
El acontecimiento pandémico funcionó como una prueba
extrema de las capacidades acumuladas por los sistemas de
salud. Allí donde existían equipos consolidados, redes
territoriales, capacidades públicas de conducción y
trabajadores con experiencia, la respuesta sanitaria
encontró mayores fortalezas. Allí donde predominaban
fragmentación, precarización y debilitamiento institucional,
esas dificultades se expresaron con mayor intensidad
La pandemia también expuso con crudeza las
consecuencias de años de fragmentación laboral y
debilitamiento de las condiciones de trabajo. Jornadas
extensas, sobrecarga sostenida, agotamiento físico y
emocional, atravesaron a gran parte de la fuerza laboral
sanitaria, mostrando que el cuidado de quienes cuidan
constituye una condición indispensable para garantizar la
calidad y sostenibilidad de cualquier sistema sanitario.
Miles de trabajadores enfermaron. Muchos murieron.
Ese hecho no puede quedar reducido a una memoria
simbólica ni a reconocimientos circunstanciales. El
reconocimiento a quienes sostuvieron el cuidado colectivo
debe expresarse en políticas concretas de fortalecimiento
del sistema público, mejora de condiciones laborales,
formación continua, planificación sanitaria y protección
integral de quienes trabajan en salud.
La pandemia mostró también que la salud es una
construcción colectiva y que la capacidad de respuesta
de una sociedad depende, en gran medida, de las
capacidades humanas e institucionales que haya logrado
construir previamente. Por eso, fortalecer la fuerza
laboral sanitaria no constituye solamente una política
sectorial, sino también una política de protección social,
de soberanía sanitaria y de defensa del derecho a la
salud.
Durante décadas, gran parte de las discusiones sobre
sistemas de salud estuvieron dominadas por debates
financieros, tecnológicos o institucionales que muchas
veces dejaron en segundo plano una dimensión esencial:
el trabajo humano organizado que sostiene
cotidianamente la capacidad de cuidar. Sin embargo,
ningún sistema sanitario existe por fuera del
protagonismo de su fuerza laboral.
Hospitales, centros de salud, tecnologías, medicamentos
y redes asistenciales solo adquieren sentido a través de
trabajadores capaces de organizar cuidados, producir
conocimiento, construir vínculos comunitarios y
sostener instituciones complejas orientadas a proteger
la vida. Por eso, discutir la fuerza laboral en salud no
constituye un debate sectorial ni corporativo, sino una
discusión estratégica sobre el modelo de sociedad que
se pretende construir y sobre la capacidad concreta de
garantizar el derecho a la salud.
En contextos de creciente mercantilización sanitaria,
esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. La
subordinación progresiva del sistema de salud a
dinámicas de rentabilidad, produjo fragmentación
institucional, sobreespecialización desarticulada,
desigualdades territoriales, precarización laboral y
debilitamiento de las capacidades integrales de cuidado.
El mercado puede organizar negocios sanitarios, pero no
puede organizar racionalmente el derecho a la salud.
Por eso, resulta indispensable recuperar capacidad
pública de planificación, regulación y conducción
estratégicas y participativas de la fuerza laboral.
La Atención Primaria de la Salud continúa
representando la principal racionalidad capaz de
reorganizar el sistema desde una perspectiva de
equidad, integralidad y continuidad de cuidados
centrado en las comunidades. Pero esa transformación
requiere necesariamente reorganizar también el trabajo
sanitario: fortalecer equipos interdisciplinarios,
jerarquizar perfiles generalistas, integrar redes de
servicios, reconstruir vínculos territoriales y desarrollar
instituciones capaces de trabajar colectivamente sobre
las necesidades concretas de las comunidades. No existe
transformación sanitaria posible sin transformación de
las formas de trabajo. La organización de la fuerza
laboral es, en definitiva, la organización concreta de la
capacidad de una sociedad para cuidar a su pueblo.
En un tiempo atravesado por desigualdades crecientes,
fragmentación social y mercantilización de la vida,
defender esa capacidad colectiva de cuidado constituye
también una forma de defender la democracia, la
comunidad y el derecho de nuestro pueblo a vivir con
dignidad.
Opinión Op
SALUD
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RB
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Cómo citar este artículo:
Kreplak N, Rovere M. La fuerza laboral en salud: protagonista y factor estratégico para construir y garantizar el derecho a la salud. Salud
Publica [Internet]. 2026 Jul [fecha de consulta]; 5. Disponible en: URL del artículo.
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Salud Publica 2026 Jul; 5
