
Salud Publica 2026 Jun; 5
Artículo original AO
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Un hallazgo relevante del presente estudio fue la
discrepancia entre el conocimiento autopercibido del
personal de salud y el conocimiento efectivo medido a
través del cuestionario. Este resultado sugiere que el
personal de salud podrí a sobreestimar su conocimiento
vacunal, lo cual puede afectar su toma de decisiones y
su rol como referentes para la población. Esto ayuda a
plantear la necesidad de reforzar instancias de
formación actualizada, clara y sistemática dentro de
los equipos de salud.
Se observa que ante una mayor difusión de campañas
dentro de las instituciones, el porcentaje de aplicación
aumenta, como es el caso de la vacunación antigripal y
COVID-19. Se observa también la relevancia de las
campañas de vacunación institucionales para alcanzar una
cobertura más amplia y equitativa. Por este motivo, en la
presente investigación se incluyeron sectores
habitualmente excluidos de estudios previos, como el
personal de limpieza, camilleros, personal de
mantenimiento y agentes del área administrativa. Si bien
no realizan tareas asistenciales directas, se encuentran
frecuentemente expuestos/as a situaciones de riesgo, ya
sea por el contacto con pacientes o con elementos
potencialmente contaminados, lo que justifica su inclusión
como población objetivo en las estrategias de
inmunización.
Los resultados muestran que un 79,55% del personal
encuestado está de acuerdo con que la vacunación sea
obligatoria para quienes trabajan en el ámbito de la
salud. Esta postura se fundamenta, principalmente, en
argumentos vinculados al cuidado de la salud pública y
la necesidad de proteger a los/las pacientes y al entorno
laboral. Sin embargo, también emergieron otras
motivaciones, como la protección individual frente a la
exposición constante a agentes infecciosos, que fue
mencionada incluso por personas que no están de
acuerdo con la obligatoriedad, pero reconocen la utilidad
de la vacunación como medida preventiva. Por otro lado,
el 20,45% expresó su desacuerdo con la exigencia,
apelando al derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Esta tensión entre el bien colectivo y la autonomía
individual señalan la necesidad de estrategias
comunicacionales que refuercen la importancia de la
vacunación como acto solidario, sin descuidar el diálogo
sobre derechos individuales.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio son las
percepciones negativas hacia la vacunación, incluso cuando
la experiencia directa del personal de salud no coincide con
esas creencias. Si bien un 68,03% mencionó como principal
causa de rechazo la preocupación por los efectos
secundarios, al indagar específicamente si habían
experimentado efectos adversos tras la vacunación, la
mayoría respondió que no. Quienes sí refirieron síntomas,
los vincularon mayormente con efectos esperables y
transitorios.
Cn
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre la
necesidad de fortalecer estrategias institucionales que
fomenten la adherencia del personal de salud a los
esquemas de vacunación, tanto del calendario nacional
como de campañas específicas como la del COVID-19. Dado
que este grupo constituye un actor clave en la promoción
de la salud y en la confianza de la población hacia las
vacunas, su cumplimiento con las indicaciones oficiales
adquiere especial relevancia.
Este desfase entre lo percibido y lo vivido sugiere que
las narrativas sobre riesgos pueden tener más peso que
la experiencia individual en la conformación de las
actitudes hacia la vacunación. En este sentido, la
pandemia de COVID-19 parece haber dejado una huella
profunda. Como refiere el estudio de Silva et al. (7, p. 13),
“las noticias falsas impactaron en la falta de adhesión
vacunal de los usuarios durante las campañas de
inmunización contra el COVID-19, y su rápida
propagación desenfrenada entre personas que no
sabían diferenciar una noticia falsa de una verdadera,
provocando miedo entre ellas y poniendo a prueba los
avances científicos”.
Encuestados/as refirieron explícitamente que su
desconfianza o dudas surgieron después de la
pandemia, y atribuyen parte de esa percepción a la
sobreexposición mediática, a la circulación de
información contradictoria y a la falta de claridad por
parte de las autoridades sanitarias en ciertos momentos
críticos.
Además, al explorar el nivel de confianza en las vacunas
contra la COVID-19, la mayoría del personal respondió
que confía de manera "moderada". Este tipo de
resultados evidencian un fenómeno que también ha sido
señalado en estudios internacionales (8) y un estudio
reciente del año 2024, sobre facilitadores y barreras de
la adherencia a la vacunación contra la COVID-19 (9). Las
crisis sanitarias no solo dejan impactos clínicos, sino
también simbólicos y comunicacionales que pueden
persistir en el tiempo. La paradoja entre el miedo a los
efectos adversos y la ausencia real de estos en la
experiencia de los trabajadores y las trabajadoras de
salud, expone la necesidad de revisar cómo se gestionó
la comunicación de riesgos durante la pandemia y cómo
esto aún repercute en la actitud frente a esquemas
vacunales actuales.
Los resultados sugieren una situación desfavorable frente
al conocimiento de esquemas y las percepciones negativas
sobre la vacunación. Lo que los equipos de salud conocen,
creen y comunican impacta directamente en las decisiones
de la población general. Por eso, es fundamental trabajar
sobre las creencias, percepciones y dudas que existen
dentro del mismo sistema sanitario. En un contexto donde
los discursos antivacunas han ganado terreno, muchas
veces con argumentos infundados o emocionalmente
cargados, el personal de salud debe estar preparado no
solo para brindar información científica clara y actualizada,
sino también para desarmar con empatía y evidencia
aquellas construcciones que circulan socialmente y que
alimentan la desconfianza.
Capacitar al personal es una herramienta estratégica para
fortalecer las políticas de vacunación y sostener la salud
pública desde un enfoque preventivo, informado y
colectivo.
Cabe destacar cómo el personal de salud no es ajeno a los
dilemas éticos de la vacunación y que sus decisiones están
influidas tanto por factores individuales (creencias,
experiencias previas, nivel de conocimiento), como
institucionales (presiones laborales, campañas, acceso). Por
lo tanto, las estrategias para fomentar la adherencia no
deben centrarse únicamente en la imposición normativa,
sino también en el fortalecimiento del diálogo, la
información clara y la construcción de consensos hacia el
interior de los equipos de salud. En este contexto, es clave
que las estrategias de promoción de vacunación no se
limiten a la entrega de datos técnicos, sino que también
aborden el componente emocional, cultural y mediático del
problema. La reconstrucción de la confianza requiere
generar espacios de escucha, validar las preocupaciones y
garantizar la transparencia en la comunicación
institucional.
Los resultados de esta investigación aportan evidencia que
puede orientar el diseño de políticas públicas más
inclusivas y efectivas en torno a la vacunación del personal
de salud. En primer lugar, la identificación de brechas en el
conocimiento y la adherencia, especialmente en sectores
no asistenciales como limpieza, mantenimiento o
administrativos, exige que las estrategias de inmunización
incluyan campañas dirigidas específicamente a estos
grupos, reconociéndose formalmente como parte esencial
del sistema sanitario.
En segundo lugar, la constatación de que muchos/as
trabajadores/as no conocen la obligatoriedad establecida
por la Ley 27.491, revela la necesidad de una mayor difusión
normativa mediante acciones coordinadas entre
ministerios de salud, hospitales públicos y sindicatos, para
garantizar el acceso a la información y fortalecer la cultura
de la prevención.
Además, la investigación demuestra que la adherencia
mejora cuando existen campañas institucionales activas; lo
que refuerza la importancia de sostener desde el Estado
políticas de vacunación con presencia visible, recursos
adecuados y continuidad en el tiempo. Esto implica no sólo
garantizar la provisión de vacunas, sino también invertir en
formación permanente, dispositivos de comunicación
accesibles y estrategias de sensibilización que combatan la
desinformación.
Por último, los datos recabados invitan a repensar políticas
públicas desde una perspectiva de justicia sanitaria y
equidad, asegurando que los trabajadores y las
trabajadoras del sistema público de salud —sin distinción
de función o jerarquía— accedan a condiciones de cuidado,
protección y formación adecuadas, reconociendo su
exposición y su rol en el sostenimiento de la salud colectiva.