Informe sobre crisis de la salud mental en
la Argentina 2019-2025 1
Report on the Mental Health Situation in Argentina,
2019-2025
Recibido:12 de noviembre 2025.Aceptado:9 de diciembre 2025.Aprobado:4 de marzo 2025. Publicado:25 de marzo 2026.
Au
Rs
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Información estratégica referida a políticas o programas de salud pública.
1 El 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo en el Congreso de la Nación, Argentina, la presentación del informe sobre la crisis en salud mental
en Argentina, elaborado con la participación de referentes del área, provenientes de ocho provincias y publicado en formato de imágenes
(1). Las/os autoras/es del informe actual -que retoma ese antecedente, profundiza y sistematiza la información relevada, y amplía la
participación a dieciséis provincias- fueron referentes por la provincia de Buenos Aires y por la provincia de La Pampa.
Ab
Salud Publica 2026 Mar; 5
Julieta Calmels 1 Licenciada en Psicología.
Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud
Martín Malgá 2 Licenciado en Psicología.
Subsecretario de Salud Mental y Adicciones
Roxana Amendolaro 1 Licenciada en Psicología. Coordinadora de Políticas de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría
de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud
1 Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Argentina
2 Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, Argentina
saludmentalconsumosyviolencias@gmail.com
RESUMEN
El presente informe analiza la crisis de la salud mental en la Argentina
entre los años 2019 y 2025, a partir de la participación de 16 provincias
que contienen más de la mitad de población del país. Como parte de
un proceso de un sistema de vigilancia de la salud, se constata un
aumento global significativo, desde hace al menos una década, de
padecimientos que se expresan en la esfera de la salud mental.
Aumento agravado por la pandemia, la crisis socioeconómica y la
retirada de políticas nacionales de atención y cuidados.
El sistema público de salud enfrenta una situación difícil, tanto por la
creciente demanda como por la crisis de los otros subsistemas de
salud. La pérdida de cobertura por parte de las obras sociales sindicales
dado el creciente desempleo en Argentina, el abandono de la medicina
prepaga de muchos ciudadanos y el retiro del financiamiento directo
del estado nacional a las prestaciones e inversiones en salud genera
sobrecarga y estrés a los sistemas públicos de salud.
Pese a ello, varias provincias implementaron políticas de ampliación
y fortalecimiento: incorporación de personal, incremento de camas
en hospitales generales, creación de casas con sistemas de apoyos
en la comunidad, programas interministeriales para infancias y
juventudes, y estrategias de prevención del suicidio y consumos
problemáticos.
Este informe concluye que es necesario reforzar la salud pública
como bien social, garantizar financiamiento específico, priorizar la
atención de niños, niñas y adolescentes y profundizar la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2), en un marco
federal y con enfoque comunitario.
Palabras clave: Salud Mental; Sistema Nacional de Vigilancia
Sanitaria; Política de Salud
ABSTRACT
This report analyzes the mental health crisis in Argentina
between 2019 and 2025, based on data from 16 provinces that
represent more than half of the country's population. As part of a
health surveillance system, a significant overall increase in mental
health conditions has been observed for at least a decade. This
has been exacerbated by the pandemic, the socioeconomic crisis,
and the withdrawal of national care and support policies.
The public health system faces a very difficult situation due to
both the growing demand and the crisis in other health
subsystems. The loss of coverage by union-affiliated health
insurance plans owing to rising unemployment in Argentina, the
fact that many citizens are losing private health insurance
coverage, and the withdrawal of direct national government
funding for health services and investments are generating
overload and stress on the public health system.
Nevertheless, several provinces have implemented expansion
and strengthening policies by hiring additional staff, increasing
the number of beds in general hospitals, creating
community-based support facilities, developing inter-ministerial
programs for children and youth, and implementing strategies for
suicide prevention and problematic substance use.
The report concludes that it is necessary to strengthen public
health as a social good, guarantee specific funding, prioritize care
for children and adolescents, and deepen the implementation of
the National Mental Health Law (2) within a federal framework
and with a community-based approach.
Keywords: Mental Health; National Health Surveillance System;
Health Policy
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2 Como parte de los encuentros se destacan: 1° Encuentro Federal de Autoridades de Salud Mental en el marco del Congreso Provincial de
Salud (COSAPRO), Mar del Plata, Buenos Aires, abril de 2025; Presentación de Informe en Congreso de la Nación Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, agosto de 2025 (1); 2° Encuentro Federal de Autoridades de Salud Mental y Consumos Problemáticos, en el marco del
Congreso de la AASM, Ciudad de Buenos Aires, agosto de 2025.
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Salud Publica 2026 Mar; 5
In
Mt En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Figura 1. Provincias participantes del informe sobre la crisis de la salud mental en Argentina 2025
Fuente: Situación crítica: la salud mental en la Argentina. Informe presentado por autoridades de diferentes jurisdicciones (1, p. 2).
Figura 2. Provincias aportantes de información para el informe sobre la crisis de la salud mental en Argentina 2025
Fuente: Situación crítica: la salud mental en la Argentina. Informe presentado por autoridades de diferentes jurisdicciones (1, p. 3).
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Salud Publica 2026 Mar; 5
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
3 El Remediar es un programa que contribuye a garantizar tu derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la
distribución directa a los Centros de Salud. Más información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/que-es-remediar
4 A partir de la Decisión Administrativa 76/2024 (8) la DADSE, junto a sus dependencias, funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Sus oficinas se encuentran trabajando en dar respuesta a las solicitudes. Hasta tanto se establezca un nuevo procedimiento acorde a un
modelo bajo el sistema sanitario, se continuarán tramitando los pedidos.
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Salud Publica 2026 Mar; 5
Rs y Ds
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
Figura 3. Porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental efectuadas respecto del año 2019 (1/1/2019 al 30/6/2025)
Fuente: Situación crítica: la salud mental en la Argentina. Informe presentado por autoridades de diferentes jurisdicciones (1, p. 14).
Figura 4. Porcentaje de internaciones por motivos de salud mental respecto del año 2019 (1/1/2019 al 30/6/2025)
Fuente: Situación crítica: la salud mental en la Argentina. Informe presentado por autoridades de diferentes jurisdicciones (1, p. 16).
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Mar; 5
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Mar; 5
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
5 Documento Conjunto de autoridades de Salud Mental, Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO) 2025.
6 La información contenida en este ítem fue brindada por las autoridades provinciales participantes del encuentro de autoridades de salud
mental que tuvo lugar en el marco del Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO) 2025.
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Mar; 5
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Mar; 5
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
Ds
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
-Interrupción de la Comisión Interministerial de Salud
Mental y Consumos Problemáticos (COPRISMA).
-Ausencia de convocatoria y sostenimiento del Consejo
Consultivo Honorario.
Desafíos futuros
Este informe concluye con la urgencia de defender el
carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol
del Estado Nacional en la protección del derecho a los
cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e
integrado de las políticas en salud. Entre los desafíos
centrales se destacan:
-Reforzar la salud pública como un bien social y un pilar
de la equidad y la igualdad.
-Asegurar financiamiento específico para enfrentar la
crisis en salud mental.
-Visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del
deterioro actual.
-Atender con prioridad la situación de niños, niñas y
adolescentes.
-Integrar los subsectores del sistema de salud para
afrontar el problema de la fragmentación.
-Profundizar la implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental (2) y las reformas sanitarias con enfoque
comunitario.
En síntesis, la salud mental en la Argentina atraviesa una
crisis sin precedentes, con una fuerte presión sobre los
sistemas provinciales y una retirada del Estado Nacional
que agrava la situación. La respuesta futura deberá ser
integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la
protección de las infancias y juventudes.
INTRODUCCIÓN
La crisis de salud mental en Argentina representa un
problema de creciente relevancia. Como parte de un proceso
de un sistema de vigilancia de la salud, se observa un
aumento significativo de padecimientos en la población
general, evidenciado por el incremento de síntomas de
ansiedad, angustia, depresión, mayor consumo de
sustancias psicoactivas —tanto legales como ilegales—, el
uso problemático de nuevas tecnologías y las
descompensaciones de cuadros psicóticos (3). La OMS
advierte que la pandemia de COVID-19 aumentó un 25% la
prevalencia mundial de ansiedad y depresión, impulsada
por factores sociales como el aislamiento, el estrés y
dificultades económicas. Este impacto afectó
desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, exacerbado
por la interrupción de servicios de salud mental (4). A su
vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los
tratamientos por la crisis de los subsistemas de salud
(medicina prepaga experimenta una baja de afiliados, obras
sociales disminuyen los afiliados por la pérdida de empleo) y
sobredemanda al subsector público, contribuyen a agravar
la situación, incrementando tanto la demanda como la
complejidad de los casos que llegan al sistema público de
salud. Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional
debido a las demoras en turnos y barreras económicas del
sector privado y obras sociales (copagos en consultas y el
gasto de bolsillo en la compra de medicamentos en un
contexto de desregulación de precios). Ante esta situación,
se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de
acompañamientos en situaciones de crisis y de
internaciones por motivos de salud mental.
En este contexto, y ante la disolución del Consejo Federal
de Salud (COFESAMA) desde 2024, más de un tercio de las
provincias argentinas comenzaron a realizar encuentros
sistemáticos2, lo que permitió la elaboración del
mencionado informe nacional sobre la crisis de salud
mental en el país, con el propósito de relevar la evolución
de la salud mental en la Argentina durante los últimos cinco
años, considerando tanto la demanda como la capacidad
del sistema público a nivel federal.
METODOLOGÍA
El presente informe se elaboró a partir de la información
brindada por 8 provincias de la Argentina sobre la situación
de salud mental: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur. Si bien otras 8 provincias
componen un espacio de trabajo regular, al momento de la
elaboración de este informe el aporte sistemático de
información se produjo por las ocho provincias
mencionadas (Ver Figuras 1 y 2).
Se recopilaron datos estadísticos, informes provinciales y
documentos oficiales sobre consultas ambulatorias,
internaciones, recursos humanos, infraestructura,
programas de salud mental y políticas de cuidado
implementadas. Así como también la sistematización
presentada ante el Congreso de la Nación. Asimismo, se
incorporaron referencias de organismos nacionales e
internacionales (como OMS, CELS, UCA y SEDRONAR) con
el fin de contextualizar la situación a nivel país y
jurisdiccional en un marco global y regional.
El análisis se realizó bajo un enfoque
exploratorio-descriptivo, complementado con datos
cuantitativos aportados por 8 jurisdicciones,
correspondientes al período 2019-2025. Se analizó la
información referida a egresos hospitalarios y consultas
ambulatorias y se identificaron tendencias comunes,
avances y retrocesos en materia de políticas públicas, así
como las particularidades provinciales en la
implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (2) y
los desafíos frente al desfinanciamiento nacional.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Situación del sector salud en Argentina
Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 2023, se
observa una creciente demanda de atención en el
subsector público, producto de la pérdida de empleo, la
disminución de la cobertura de obras sociales y el
abandono de la medicina prepaga por parte de un
importante porcentaje de personas debido al aumento de
precios. Según el informe Salud en agonía del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) (5), en todo el país
durante 2024, alrededor de 200.000 personas se vieron
obligadas a renunciar a su cobertura de medicina prepaga
debido al fuerte incremento en el valor de las cuotas. Esta
suba fue consecuencia de la liberalización de precios
establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
70/2023 (6), firmado por el presidente Javier Milei y
convalidado posteriormente por el Congreso Nacional.
Esta situación podría haber generado el traslado de
afiliados al sistema público de salud, lo que profundiza la
sobrecarga de un sistema que ya se encontraba en una
situación difícil (3).
Incluso quienes mantienen cobertura enfrentan crecientes
dificultades para afrontar copagos, acceder a turnos y
medicamentos, especialmente en disciplinas con baja
cobertura. A ello se suma una desregulación de los precios
de los medicamentos y de la medicina prepaga.
El sistema público, ya debilitado por el desfinanciamiento
nacional, debe afrontar un escenario complejo atravesado
además por la retención de fondos coparticipables a las
provincias por parte del Gobierno Nacional, fondos que se
utilizan para financiar, entre otras carteras, las de salud. En
2024, la coparticipación cayó un 10% en términos reales y
las transferencias no automáticas se redujeron un 78,16%
respecto de 2023. Debe recordarse que son estos niveles de
gobierno los que sostienen el 98% del sistema público de
salud, distribuyendo la carga en un 59% a cargo de las
provincias y un 39% de los municipios (3).
Esto afecta no solo a la salud, sino también a otras áreas
como jubilaciones, políticas sociales, discapacidad y obra
pública, con consecuencias que repercuten en la salud de la
población.
La crisis de los medicamentos se agrava por el aumento de
precios, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la
cobertura de programas como PAMI, que pasó de cubrir el
100% al 40-80% (7) Esto generó una fuerte caída en la
venta de psicofármacos esenciales. Asimismo, se redujo en
hasta un 75% la canasta de los programas Remediar y
Remediar Salud Mental3, mientras se interrumpió la
entrega de fármacos desde la Dirección Nacional de
Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)4.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de la
información provista por 44 hospitales provinciales (9), se
desprende que durante 2024 se registró un incremento del
12% en la cantidad de consultas por guardia respecto del
año 2023, con un comportamiento dispar entre las regiones
sanitarias, con algunas que registran un aumento de hasta
el 64% (1).
En lo que hace a las consultas por motivos de salud sin obra
social, estas pasaron en la provincia de La Pampa de
621.442 en 2021 a 921.554 en 2025, registrando un
incremento de aproximadamente 48,3% de aumento
(300.112 consultas más).
En la provincia de Tierra del Fuego, las consultas por
motivos de salud mental sin obra social, en igual período de
tiempo que en la provincia de La Pampa, el aumento fue de
aproximadamente el 33,42 % (2.866 consultas más).
2. Aumento de padecimientos mentales
Los datos muestran un crecimiento sostenido de
internaciones y consultas ambulatorias, especialmente en
la población infanto-juvenil. A continuación, se brinda la
información relevada de diferentes jurisdicciones.
Sobre la base de los datos aportados por 8 de las 16
jurisdicciones que participaron de la convocatoria y
presentación oficial de este informe, a nivel general, las
prácticas ambulatorias por motivos de salud mental
aumentaron un 104,8% entre 2019 y 2024. Si se incorpora
la proyección para el año 2025 a partir de los datos
recopilados hasta junio de 2025 (y estimando la proyección
hasta diciembre, según comportamiento de años
anteriores), este porcentaje ascendería en un 134%
respecto de 2019. Por su parte, las internaciones se
incrementaron en un 77% entre 2019 y 2025 (tomando la
proyección para el año 2025 a partir de los datos
disponibles hasta junio de 2025).
En la Figura 3 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de prácticas ambulatorias de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2026 Mar; 5
En la Figura 4 se informa sobre el incremento en el
porcentaje de internaciones por motivos de salud mental
efectuadas desde 2019 y se incluye la proyección para el
año 2025.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, entre 2019 y
2024 las internaciones por motivos de salud mental
aumentaron 60,9%, pasando de 28.451 a 45.785. En ese
período, la demanda de internación en niños, niñas y
adolescentes (NNyA) creció 13,4% y la ambulatoria, en un
50%, lo que podría evidenciar crisis vitales significativas en
esa población. En la provincia de Santa Cruz, el aumento de
las internaciones de NNyA fue exponencial, al pasar de 31
en 2019 a 276 en 2024 (+790,3%).
A su vez, las prácticas ambulatorias en Neuquén
(incluyendo las consultas de consultorios específicos de
salud mental más las consultas ambulatorias de
consultorios distintos a los de salud mental, donde el
motivo de consulta estuvo asociado a salud mental)
pasaron de 59.463 a 195.077 (+228%, +135.614).
En la provincia de La Pampa, las prestaciones por motivos
de salud mental —incluyendo consultas ambulatorias y
atenciones por Guardia de Salud Mental— se
incrementaron de 58.809 en 2019 a 82.723 en 2024
(+40,7%, +23.914). En Formosa, aumentaron de 28.162 a
64.593 (+129,4%, +36.431). Finalmente, en Tierra del Fuego,
el incremento fue de 10.342 a 15.256 (+47,6%, +4.914).
Las causas de este incremento se podrían vincular con
tendencias en el mundo que muestran un aumento de los
padecimientos mentales previo al COVID-19, los efectos de
la pandemia y pospandemia en la subjetividad y la vida de
relación, la crisis económica y social y su impacto en las
condiciones de vida de las personas y la retirada del Estado
nacional en políticas de cuidado.
Entre los datos disponibles previos a la pandemia pueden
destacarse los brindados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que informó que el número de personas que
viven con depresión aumentó un 18 % a nivel global entre
2005 y 2015 (10).
En 2010, se estimaba que alrededor del 4,5 % de la
población mundial sufría de trastornos de ansiedad
—equivalente a unos 273 millones de personas—, siendo
más frecuentes en mujeres (10).
Puede observarse, entonces, que diferentes indicadores
globales ya apuntaban a un incremento de los problemas
de salud mental antes del COVID-19, especialmente entre
jóvenes, impulsado por factores sociales, económicos y
culturales. La pandemia aceleró y visibilizó una crisis que ya
venía gestándose.
En referencia a las políticas de cuidado, un informe del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que
desde que el actual presidente de la Nación Argentina,
Javier Milei, asumió, solo queda vigente el 8% de las
políticas de cuidado existentes, es decir, apenas 4 de las 50
que había a fines de 2023. Esto significó que 2.866.000
personas perdieran al menos una prestación o programa
del que eran beneficiarias. Esta drástica retirada del Estado
se expresa en la eliminación y/o subejecución de la mayoría
de los programas sociales esenciales y la desarticulación de
estructuras estatales clave, sosteniendo solamente una
mínima parte de transferencias monetarias. Esto
representó un retroceso en los derechos sociales y en la
protección integral del cuidado (11).
3. Características de los padecimientos actuales
Sobre la base de un diagnóstico compartido entre las
personas responsables de las 16 jurisdicciones, de las
cuales 8 brindaron información para la realización de este
informe, y tienen a su cargo tareas de gestión, evaluación y
monitoreo de dispositivos asistenciales y preventivos en
materia de salud mental, se acuerda en resaltar que se
observa un deterioro de las condiciones de vida y derechos
vulnerados cotidianamente, que incrementan el
sufrimiento e impactan en la salud mental. Se destacan la
ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el
aumento de consumos problemáticos. Los cuadros clínicos
se presentan más graves y en edades cada vez más
tempranas.
Las dificultades para otorgar el alta en internaciones —o
bien concretar los egresos una vez otorgada el alta clínica—
se vinculan con la falta de estructuras de apoyo
comunitario. La ausencia de redes de sostén, vivienda y
oportunidades de trabajo genera grandes obstáculos para
llevar adelante los procesos de externación. Esto deriva en
internaciones prolongadas por motivos sociales más que
clínicos y, en algunos casos, en el empeoramiento del
cuadro de salud que motivó la internación. A su vez, el
incremento de personas en situación de calle constituye un
factor crítico que impacta de manera directa en la salud
mental y en las posibilidades de sostener líneas de cuidado.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, se advierte un
aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios
consumados. Se evidencian, además, fragilidad en las redes
familiares, mayor exposición a violencias, ingresos al
sistema de protección de derechos y al sistema penal
juvenil, así como consumos problemáticos de tecnologías.
Un dato que también interesa destacar está referido al
aumento en el uso de psicofármacos. Un informe de la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (SEDRONAR) (12) señala que en la población
entre 16 y 75 años de ámbitos urbanos aumentó su
consumo. Entre sus principales hallazgos resalta que:
a. Ha aumentado el uso de tranquilizantes
(benzodiacepinas, principalmente clonazepam y
alprazolam).
b. El 60% del consumo correspondió a clonazepam y el
30% a alprazolam.
c. El 71,1% de los/las consumidores/as informaron seguir
las dosis y duración recomendadas; mientras que un
16% usó menos dosis y un 6,5% utilizó más tiempo del
indicado.
d. Quienes más consumen estas drogas son mujeres y lo
hacen para aliviar padecimientos (a diferencia de lo
que se auto reporta en el uso de otras drogas
vinculado a la búsqueda de placer como causa).
Por otra parte, datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (13) de la Universidad Católica Argentina (UCA)
revelan una tendencia creciente en los niveles de malestar
psicológico —entendido como la presencia de
sintomatología ansiosa o depresiva, sin constituir
necesariamente un trastorno clínico—. En 2023, una de cada
cuatro personas manifestó atravesar este tipo de malestar.
A nivel global, la Encuesta Anual sobre Salud Mental de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) (14) muestra un
patrón similar: en 2024, el 43% de los adultos expresó
sentirse más ansioso que el año anterior, frente al 37% en
2023 y el 32% en 2022.
Entre las causas de este incremento se destacan, al menos
en nuestro país, el deterioro de las condiciones de vida, el
individualismo creciente, el impacto subjetivo de las
tecnologías y el discurso violento desde el poder político5.
4. Ampliación y fortalecimiento de los sistemas
provinciales6
Pese al desfinanciamiento nacional y la crisis social, es
destacable cómo las provincias avanzaron en la ampliación
de dispositivos de atención y cuidado. Se destacan
políticas de aumento de recurso humano, ampliación de
camas de internación en hospitales generales, creación de
casas en la comunidad con sistema de apoyo en salud,
desarrollo y ampliación de dispositivos intermedios,
centros de atención en salud mental, incremento de
cobertura de medicación, políticas para infancias y
juventudes, políticas de mejora del recurso humano y
capacitación, avance en políticas de suicidio, entre otras de
importancia.
En la provincia de Buenos Aires se incorporaron más de
2.400 trabajadores y trabajadoras al sistema de salud
mental. Se registró un incremento del 68% en la cantidad de
camas de internación en hospitales generales y se avanzó
en la construcción de 32 nuevos centros de salud mental y 3
Unidades Residenciales para personas con consumos
problemáticos. Asimismo, se crearon y ampliaron casas con
sistemas de apoyos en la comunidad, y dispositivos
intermedios de base comunitaria, alcanzando un total de
más de 200 dispositivos comunitarios y 187 casas de
externación con acompañamiento de equipos de salud.
Finalmente, se desarrollaron programas interministeriales
dirigidos a infancias y juventudes, consolidando un abordaje
integral y de base comunitaria.
También se destacan en las diferentes provincias políticas
de prevención del suicidio, ludopatía y consumos
problemáticos, junto con programas de formación para el
recurso humano.
Así, por ejemplo, la provincia de Río Negro se encuentra
llevando adelante un Programa de Abordaje de los
Consumos Problemáticos en la que participan la Dirección
Provincial de Salud Mental Comunitaria y la Agencia para la
Prevención de los Consumos. Y, en conjunto con
Intercambios Asociación Civil, elaboraron una Guía de
Intervención a nivel provincial desde el enfoque de
reducción de daños y riesgos.
La provincia de Neuquén, como parte del trabajo de la
Dirección Provincial de Salud Mental, se encuentra
fortaleciendo las redes intermedias. Asimismo, cuentan
con Historia Clínica Digital desde 2018 y sostienen con
financiamiento provincial las Residencias Interdisciplinarias
de Salud Mental.
En la provincia de Santa Cruz, los 14 hospitales generales
públicos cuentan con servicio de salud mental.
En la provincia de Córdoba, cuentan con internaciones por
motivos de salud mental y con Servicios de Salud Mental
en todos los hospitales provinciales, que son 14. Y desde el
2020 cuentan con Historia Clínica Digital. Entre los
dispositivos con base en la comunidad cabe destacar la
Casa del Joven, destinada a adolescentes, y el Programa de
Fortalecimiento Territorial.
Desde la provincia de San Luis, elaboraron un protocolo
para llevar adelante “derivaciones responsables” con base
en la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) (2), como por
ejemplo situaciones graves de intentos de suicidio, abusos,
entre otras situaciones posibles. El protocolo posibilita un
ordenamiento para que se brinde una respuesta lo más
adecuada posible.
En la provincia de Tierra del Fuego, se inauguró la primera
Casa de Medio Camino, con capacidad para seis plazas, y se
encuentra en ejecución una segunda en la zona norte de la
provincia. Asimismo, se creó la Tecnicatura en
Acompañante Terapéutico, que en 2025 inició su tercera
cohorte, junto con un trayecto formativo universitario en la
misma área. En 2023, se puso en funcionamiento la primera
Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, integrada por
psicólogos/as, médicos/as y enfermeros/as. Además, está
en desarrollo un nuevo Centro de Salud Mental.
La provincia de La Pampa cuenta con 5 Centros de Día e
incorporaron un 70% más de personal desde 2015 al
presente. Durante 2025, tendrá lugar la tercera cohorte de
la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y,
frente al retroceso del Estado Nacional, tomaron la decisión
de provincializar el 100% de la formación. Asimismo,
cuentan con un sistema de notificación propio para
informar los intentos de suicidio y es el equipo provincial el
que informa al Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino (SISA). Llevan adelante líneas de acción en el
sector educativo sobre intentos de suicidio y consumos
problemáticos. También, trabajan con la policía. Cuentan
con un registro único de intentos de suicidio consumado.
Por ese motivo, pueden hacer posvención en tiempo real.
Además, están implementando una Tecnicatura Superior
en Acompañamiento Terapéutico.
Cabe destacar que cada una de las políticas mencionadas
se enmarca en un consenso en torno a la transformación
del sistema de salud mental con enfoque de derechos
humanos y que involucra implementar la LNSM.
Retirada del Estado Nacional
La crisis se profundiza por la desarticulación de políticas
nacionales. Entre otras:
-Cierre del sistema de Residencias Interdisciplinaria en
Salud Mental (RISaM), iniciadas desde la recuperación
de la democracia y que reflejan una mirada
interdisciplinaria que ha sido de gran profundidad en
el cambio de modelo de atención. En ese contexto, 7 de
las 8 provincias que brindaron información para este
documento tomaron la decisión de asumir su
sostenimiento volviéndolas provinciales (entre ellas,
La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Río Negro).
-Discontinuidad del Remediar Salud Mental: se
proyecta que cerca de 5.000 personas sufrieron la
discontinuidad de cobertura nacional, teniendo las
provincias que afrontar esta situación con el impacto
directo en la discontinuidad de tratamientos.
-Reducción de políticas de discapacidad y revisión
compulsiva de las pensiones sin apoyos ni sistema de
apoyos acorde.
-Amenaza de cierre parcial del Hospital Nacional
Bonaparte, reducción del 25% de su presupuesto y
caída del 40% de su planta profesional.
-Suspensión del Consejo Federal de Salud Mental
(COFESAMA) donde se reúnen autoridades de salud
mental de las provincias para analizar, debatir y
proyectar políticas en salud mental y consumos.
DISCUSIÓN
Los hallazgos del informe ponen en evidencia una crisis
estructural de la salud mental en Argentina, marcada por el
incremento de la demanda asistencial, el agravamiento de
los padecimientos y la creciente complejidad de los casos,
en especial en las infancias y juventudes. Esta situación se
profundiza por la retirada del Estado Nacional en políticas
de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema
público a nivel de los aportes nacionales directos e
indirectos y la pérdida de coberturas privadas como
consecuencia del deterioro de las condiciones
socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas
públicos provinciales.
Un aspecto relevante es la paradoja entre retroceso y avance:
mientras a nivel nacional se reducen programas,
financiamiento y coordinación federal, varias provincias
desarrollan estrategias innovadoras y comunitarias, como la
creación de casas con sistemas de apoyos en la comunidad,
dispositivos intermedios de base comunitaria, la incorporación
de personal especializado, la ampliación de camas en
hospitales generales y programas interministeriales. Esto
refleja la voluntad de sostener la implementación de la Ley
Nacional de Salud Mental (2) y el enfoque de derechos
regionales humanos, aunque con grandes asimetrías. Es
destacable el importante y efectivo esfuerzo en dos aspectos:
la ampliación concreta del sistema de atención y la mejora
cualitativa en el modelo asistencial, de cuidados, y de apoyos.
La comparación con datos internacionales confirma que la
crisis argentina se inscribe en una tendencia global de
aumento de los problemas de salud mental, pero presenta
particularidades derivadas de la crisis socioeconómica, el
deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la
desigualdad y la fragilización de redes de cuidado estatales.
En este marco, la discusión central gira en torno a la
necesidad de reconstruir un rol activo del Estado Nacional,
asegurar un financiamiento específico y sostenido y
consolidar un sistema de salud mental federal, integrado y
con base comunitaria, capaz de priorizar a las poblaciones
en situaciones de mayor vulneración y garantizar el
derecho a la salud de manera integral. Finalmente, la
fortaleza y necesidad de que los cambios de políticas en
salud mental se integren a los sistemas de salud más
globales, contribuyendo también a sus mejoras
progresivas.
AGRADECIMIENTOS
A los/as colaboradores/as: María Pía Guidetti (Secretaria de
Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia de Córdoba);
David de Piero (Secretario de Salud Mental y Problemáticas
de Consumo, Ministerio de Salud, Provincia de Tierra del
Fuego); Marcelo Kremis (Director de Salud Mental y
Prevención de Adicciones, Ministerio de Desarrollo
Humano, Provincia de Formosa); Ana Paula Alegría
(Directora de Salud Mental, Ministerio de Salud, Provincia
de Neuquén); Darío Gastón Cabrera (Coordinador
Provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos
Problemáticos, Ministerio de Salud, Provincia de Río
Negro); Mariano Rodas (Subsecretario de Salud Mental
Integral, Ministerio de Salud, Provincia de Santa Cruz).
Ag
Informe Especial IE
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RB
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Cómo citar este artículo:
Calmels J, Malgá M, Amendolaro R. Informe sobre crisis de la salud mental en la Argentina 2019-2025. Salud Publica [Internet]. 2026 Mar
[Fecha de consulta]; 5. Disponible en: URL del artículo.
Salud Publica 2026 Mar; 5
