Recibido:10 de mayo 2025. Aceptado: 6 de junio 2025. Aprobado: 26 de julio 2025. Publicado: 2 de octubre 2025.
Política del mal
Policies of evil
AUTOR
Adelqui Del Do 1 Licenciado en Psicología
Desiré Conte 2 Licenciada en Psicología
Cecilia Calloway 2 Licenciada en Psicología
1 Director del Directorio en Representación del Estado Provincial en el Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA),
provincia de Buenos Aires, Argentina. Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de José
C Paz (UNPAZ), Argentina
2 Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina
adelquis@yahoo.com.ar
La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado,
pero no es, quizá, menos vano, esforzarse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente.
Marc Bloch
RESUMEN
Este texto analiza lo que ha ocurrido con el gobierno argentino tras la llegada de Javier Milei y su partido La
libertad avanza, enfocándose en dos cosas que se implementaron: discursos de odio y políticas de crueldad.
Estas medidas afectan tanto la vida cotidiana de las personas como su salud mental. Se destaca también el rol
de los profesionales de la salud mental, que tienen el reto de no solo tratar síntomas individuales, sino de pensar
en soluciones colectivas y resistir ante la crisis social y económica.
Palabras clave: Salud Mental; Capitalismo; Personal de Salud
Rs
Au
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Especialistas de renombre reflexionan y profundizan temas claves concernientes a la salud pública
Salud Publica 2025 Oct; 4
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Para comenzar a responder esta pregunta, es necesario
señalar la primera asociación que establece el sentido
común: salud mental/ enfermedad. Este destino de la salud
general, implica un largo camino previo, en el que se han
desatendido las variables elementales que permiten un
buen estado de salud.
Dejaremos de lado momentáneamente la especificidad de
la implicancia de “lo mental", para hablar del concepto de
salud general.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)1, define la salud
como “un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (1, p. 1). Agrega:
“La salud implica que todas las necesidades
fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas,
sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud
entendida en una doble dimensión como producto de las
condiciones sociales y biológicas y a la vez como
productor de condiciones que permiten el desarrollo
integral a nivel individual y colectivo, se construye en el
marco de las condiciones económicas, sociales,
políticas, culturales, ambientales, de las formas de
relación con los grupos sociales, de las formas en que
cada sociedad se organiza para la distribución de los
bienes, entre ellos los servicios de salud y de cómo a
nivel individual y sobre una base biológica y espiritual se
procesan estas condiciones” (1, p. 1).
Tomaremos como horizonte ético, el consenso que ha
establecido la ONU para pensar la salud de una población.
Se trata de un pacto histórico, internacional y transversal a
todas las posiciones ideológicas que se inscriben en
cualquier sistema democrático. Y coincide con el respeto de
los Derechos Humanos de primera, segunda y tercera
generación.
En su Manual de Salud Pública, Kreplak y Comes (2024)
señalan que el “derecho a la salud es un concepto que
emana de la Declaración Universal de Derechos Humanos2,
ya sea que consideramos su artículo 3, donde se incluye el
derecho a la vida, o el artículo 25” (2, p. 57) que refiere a los
derechos positivos, aquellos que debe garantizar el Estado.
En esta línea, es esencial el abordaje político de los asuntos
de salud. Esto significa que un Estado democrático debe
tener entre sus principales políticas públicas aquellas que
establezcan las condiciones sociales para mantener un
buen estado de salud de sus ciudadanos. La salud mental
se constituye como una dimensión y un campo específico
de intervención profesional de la salud integral.
Actualidad
Luego de la asunción del presidente Javier Milei y su
equipo, pertenecientes al partido político La libertad
avanza, en el Gobierno Argentino se pusieron en práctica,
desde el Estado, dos operaciones inéditas en la democracia
argentina: por un lado, los discursos de odio y por otro, las
llamadas políticas de crueldad. Los primeros, en el orden
simbólico, y las segundas como intervenciones concretas.
Ambas con consecuencias subjetivas y materiales en la
vida de las personas.
Nuevamente, recurrimos a la ONU para definir el concepto de
discurso de odio. Se trata de cualquier tipo de comunicación
verbal, escrita o conductual, que ataca o utiliza lenguaje
peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o
un grupo sobre la base de sus rasgos particulares. Es decir, por
no estar de acuerdo con la modalidad de existencia de un otro
grupo o individuo; por su religión, etnia, nacionalidad, color,
ascendencia, género, ideología u otro factor de identidad.
“El discurso de odio debe entenderse como fomento,
promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del
odio, la humillación o el menosprecio de una persona o
grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión
de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con
respecto a dicha persona o grupo de personas y la
justificación de esas manifestaciones por razones de raza,
color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad,
discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género,
identidad de género, orientación sexual y otras
características o condición personales” (3).
Si bien el sentimiento de odio y la construcción de un
enemigo perfecto en quien proyectar la culpa por los
sentimientos de insatisfacción humana son estructurales en
los sujetos, lo novedoso es que estos discursos son
sostenidos y legitimados por el Estado. Se instituye así,
parafraseando el Terrorismo de Estado, un Odio de Estado.
Si el Estado benefactor tradicional se preocupó, al menos en
la teoría, por buscar soluciones al sufrimiento humano
mediante la construcción de sociedades más justas, El
Estado Argentino actual se preocupa por encontrar en los
ciudadanos comunes a los culpables del malestar social.
Entonces, cualquiera que reclame un derecho humano
básico, se convierte en un enemigo a combatir mediante la
revictimización por parte del Estado. Cualquiera que no
acepte el rol de engranaje maquinal en un sistema que
promueve la distribución cada vez más desigual de la
riqueza, mediante una tendencia de trabajo que se parece
cada vez más al trabajo esclavo, está en la mira de este
Gobierno que dispara a matar.
ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s30087074/ou5q6zvdl
Por otro lado, en una dimensión concreta, aparece lo que
llamamos políticas de la crueldad. Verónica Gago,
politóloga argentina, se pregunta en qué se diferencian las
nociones de violencia y crueldad. “¿Qué agrega,
concretamente, la noción de crueldad a una fenomenología
de la violencia?” (4). Señala que, si bien los Estados- Nación
siempre tienen zonas de crueldad, se trata en este caso del
señalamiento del traspaso de un umbral, un límite, e indica
que estamos ante un nuevo tipo de violencia, en sus
formas, en su intensidad y sus efectos. “En principio, la
crueldad, señala el disfrute, un modo de placer asociado a
la ejecución de la violencia” (4). Se instituye un Estado, ya
no indolente, sino gozante ante el sufrimiento de su
población más vulnerable.
La política de la crueldad, sostiene Gago, apuesta a la
violencia directa, espectacularizada, como un mecanismo
que produce 'insensibilización'. Los motivos tácitos,
ocultos en las sombras de la historia, siempre son
económicos, y hunden sus raíces en la tradición de
dictaduras y genocidios argentinos, que este gobierno no
ha perdido oportunidad de reivindicar.
Si bien podemos enmarcar estos cambios en clave de
políticas de la crueldad o necropolíticas, en nuestro país
conforman un marco más amplio que parecería responder
a un cambio de época, que se da siempre caótico, como
todo movimiento instituyente, en los términos de
Catoriadis (5).
Es en ese marco necropolítico y de crueldad, que las
primeras medidas del gobierno nacional tuvieran que ver,
tempranamente, con la disolución del INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo), por lo cual la población quedaba allí, al decir de
Fernando Ulloa (6), sin tercero de apelación ante la
discriminación, esconde la importancia de la lógica de lo
uno, porque sostiene en sombras la meritocracia. Todo
aquello distinto se vive diferente o amenazante, aquí se
agrega que todo aquello distinto es posible (se da vía
libre) de ser agredido. Es importante subrayar aquí la
operatoria de normalización hacia un modelo
heteropatriarcal, normativo y occidental que hace poco
tiempo atrás parecía ir debilitándose. Pues no, volvió y
volvió con una fuerza inusitada, descargando en la furia
de su vuelta el intento de reivindicación como único, un
solo modelo posible. Un solo modelo de sociedad posible.
Simultáneamente a esta medida se disolvió el Ministerio
de Mujeres, Géneros y Diversidad. También se
disolvieron las políticas de estado que protegían y daban
soporte material a las víctimas de violencia de género. Se
activa allí una vía libre para la eliminación del otro. Y no, no
es exagerado decir eliminación cuando no hay un Estado
que medie, que desarme la encerrona trágica, en este
caso, de la violencia de género.
Todas estas son condiciones de vida que, por un lado,
producen significaciones imaginarias sociales (por eso
podemos hablar de un cambio de época) y, por otro,
generan condiciones materiales de existencia afectando
directamente a la salud. En términos de Alicia Stolkiner (7)
estas políticas de liberalismo económico apuntan también
a un individualismo extremo que tensa con la condición
gregaria del ser humano, apunta a disolver la comunidad,
atenta contra el lazo social.
Paulatina, pero simultáneamente a estos cambios, se
comenzaban a dejar caer programas nacionales de salud
que habían constituido políticas públicas. También se
comenzaban a desfinanciar a los hospitales nacionales.
Con una idea de pensar la responsabilidad de los
diferentes niveles de gobierno y remitir competencias a
jurisdicciones provinciales y municipales para que
financien los diferentes áreas y dispositivos de salud, pero
sin tomar en cuenta la diversidad regional de las
economías. Cada provincia, cada municipio, maneja
diferentes tipos de presupuesto de acuerdo a los cultivos
locales, las industrias regionales; no todas las provincias
tienen los mismos recursos económicos. Aquí la idea de
“federalizar la salud” entra en tensión con la accesibilidad
en salud y la perspectiva de Derechos Humanos. Así, por
ejemplo, encontramos en diferentes provincias y/o
municipios la idea de un co-pago para no residentes que
sean usuarios del sistema de salud provincial.
Con relación al desfinanciamiento de los hospitales
nacionales toma especial relevancia la situación del
Hospital Laura Bonaparte, desde donde se llevó
adelante una atención en salud en concordancia con la Ley
Nacional de Salud Mental 26.657 (8). Dicha ley comprende
al sujeto como un sujeto de derecho y que puede tener
determinados padecimientos, pero eso no lo condena a
una vida de encierro, a la vez que cuestiona las
internaciones prolongadas que apartan al sujeto de su
comunidad y promueve una mirada de salud ligada a lo
social y comunitario. Este hospital fue el primero en ser
atacado y vaciado. Se ha despedido a más de la mitad de
sus trabajadores y está en plena intervención por parte
del Gobierno Nacional, argumentando irregularidades en
su funcionamiento. Pareciera ser una intervención de
alguna manera ejemplificadora en términos de salud, ya
que desde el inicio de este gobierno hubo críticas
permanentes a la Ley de Salud Mental. Este
posicionamiento del Gobierno Nacional entra en tensión
con la transformación en salud que se está llevando
adelante desde el Gobierno de la provincia de Buenos
Aires.
Otro indicador preocupante son los aumentos de
suicidios, fundamentalmente en jóvenes y adultos
mayores. Poblaciones más frágiles que enfrentan día a día
las mayores consecuencias del ajuste. Entre los
adolescentes y jóvenes hay factores que inciden, como los
consumos problemáticos en entornos digitales, apuestas
en red, ciberbullying y el acoso virtual.
1 Javier Milei, siguiendo los pasos de Donald Trump anunció que retirará a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, creada en
1948 con el objetivo de coordinar la respuesta ante amenazas sanitarias globales. Su función principal es brindar cooperación técnica a los
países miembros, y promover mejoras en las condiciones sanitarias, en la regulación de medicamentos esenciales, la cobertura de vacunas
y el desarrollo de recursos humanos en salud, entre otros aspectos.
2 Primera declaración internacional de Derechos Humanos. En nuestro país tiene valor constitucional.
Salud Publica 2025 Oct; 4
¿QUÉ PASA CON LA SALUD MENTAL EN ARGENTINA?
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Para comenzar a responder esta pregunta, es necesario
señalar la primera asociación que establece el sentido
común: salud mental/ enfermedad. Este destino de la salud
general, implica un largo camino previo, en el que se han
desatendido las variables elementales que permiten un
buen estado de salud.
Dejaremos de lado momentáneamente la especificidad de
la implicancia de “lo mental", para hablar del concepto de
salud general.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)1, define la salud
como “un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (1, p. 1). Agrega:
“La salud implica que todas las necesidades
fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas,
sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud
entendida en una doble dimensión como producto de las
condiciones sociales y biológicas y a la vez como
productor de condiciones que permiten el desarrollo
integral a nivel individual y colectivo, se construye en el
marco de las condiciones económicas, sociales,
políticas, culturales, ambientales, de las formas de
relación con los grupos sociales, de las formas en que
cada sociedad se organiza para la distribución de los
bienes, entre ellos los servicios de salud y de cómo a
nivel individual y sobre una base biológica y espiritual se
procesan estas condiciones” (1, p. 1).
Tomaremos como horizonte ético, el consenso que ha
establecido la ONU para pensar la salud de una población.
Se trata de un pacto histórico, internacional y transversal a
todas las posiciones ideológicas que se inscriben en
cualquier sistema democrático. Y coincide con el respeto de
los Derechos Humanos de primera, segunda y tercera
generación.
En su Manual de Salud Pública, Kreplak y Comes (2024)
señalan que el “derecho a la salud es un concepto que
emana de la Declaración Universal de Derechos Humanos2,
ya sea que consideramos su artículo 3, donde se incluye el
derecho a la vida, o el artículo 25” (2, p. 57) que refiere a los
derechos positivos, aquellos que debe garantizar el Estado.
En esta línea, es esencial el abordaje político de los asuntos
de salud. Esto significa que un Estado democrático debe
tener entre sus principales políticas públicas aquellas que
establezcan las condiciones sociales para mantener un
buen estado de salud de sus ciudadanos. La salud mental
se constituye como una dimensión y un campo específico
de intervención profesional de la salud integral.
Actualidad
Luego de la asunción del presidente Javier Milei y su
equipo, pertenecientes al partido político La libertad
avanza, en el Gobierno Argentino se pusieron en práctica,
desde el Estado, dos operaciones inéditas en la democracia
argentina: por un lado, los discursos de odio y por otro, las
llamadas políticas de crueldad. Los primeros, en el orden
simbólico, y las segundas como intervenciones concretas.
Ambas con consecuencias subjetivas y materiales en la
vida de las personas.
Nuevamente, recurrimos a la ONU para definir el concepto de
discurso de odio. Se trata de cualquier tipo de comunicación
verbal, escrita o conductual, que ataca o utiliza lenguaje
peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o
un grupo sobre la base de sus rasgos particulares. Es decir, por
no estar de acuerdo con la modalidad de existencia de un otro
grupo o individuo; por su religión, etnia, nacionalidad, color,
ascendencia, género, ideología u otro factor de identidad.
“El discurso de odio debe entenderse como fomento,
promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del
odio, la humillación o el menosprecio de una persona o
grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión
de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con
respecto a dicha persona o grupo de personas y la
justificación de esas manifestaciones por razones de raza,
color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad,
discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género,
identidad de género, orientación sexual y otras
características o condición personales” (3).
Si bien el sentimiento de odio y la construcción de un
enemigo perfecto en quien proyectar la culpa por los
sentimientos de insatisfacción humana son estructurales en
los sujetos, lo novedoso es que estos discursos son
sostenidos y legitimados por el Estado. Se instituye así,
parafraseando el Terrorismo de Estado, un Odio de Estado.
Si el Estado benefactor tradicional se preocupó, al menos en
la teoría, por buscar soluciones al sufrimiento humano
mediante la construcción de sociedades más justas, El
Estado Argentino actual se preocupa por encontrar en los
ciudadanos comunes a los culpables del malestar social.
Entonces, cualquiera que reclame un derecho humano
básico, se convierte en un enemigo a combatir mediante la
revictimización por parte del Estado. Cualquiera que no
acepte el rol de engranaje maquinal en un sistema que
promueve la distribución cada vez más desigual de la
riqueza, mediante una tendencia de trabajo que se parece
cada vez más al trabajo esclavo, está en la mira de este
Gobierno que dispara a matar.
Por otro lado, en una dimensión concreta, aparece lo que
llamamos políticas de la crueldad. Verónica Gago,
politóloga argentina, se pregunta en qué se diferencian las
nociones de violencia y crueldad. “¿Qué agrega,
concretamente, la noción de crueldad a una fenomenología
de la violencia?” (4). Señala que, si bien los Estados- Nación
siempre tienen zonas de crueldad, se trata en este caso del
señalamiento del traspaso de un umbral, un límite, e indica
que estamos ante un nuevo tipo de violencia, en sus
formas, en su intensidad y sus efectos. “En principio, la
crueldad, señala el disfrute, un modo de placer asociado a
la ejecución de la violencia” (4). Se instituye un Estado, ya
no indolente, sino gozante ante el sufrimiento de su
población más vulnerable.
La política de la crueldad, sostiene Gago, apuesta a la
violencia directa, espectacularizada, como un mecanismo
que produce 'insensibilización'. Los motivos tácitos,
ocultos en las sombras de la historia, siempre son
económicos, y hunden sus raíces en la tradición de
dictaduras y genocidios argentinos, que este gobierno no
ha perdido oportunidad de reivindicar.
Si bien podemos enmarcar estos cambios en clave de
políticas de la crueldad o necropolíticas, en nuestro país
conforman un marco más amplio que parecería responder
a un cambio de época, que se da siempre caótico, como
todo movimiento instituyente, en los términos de
Catoriadis (5).
Es en ese marco necropolítico y de crueldad, que las
primeras medidas del gobierno nacional tuvieran que ver,
tempranamente, con la disolución del INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo), por lo cual la población quedaba allí, al decir de
Fernando Ulloa (6), sin tercero de apelación ante la
discriminación, esconde la importancia de la lógica de lo
uno, porque sostiene en sombras la meritocracia. Todo
aquello distinto se vive diferente o amenazante, aquí se
agrega que todo aquello distinto es posible (se da vía
libre) de ser agredido. Es importante subrayar aquí la
operatoria de normalización hacia un modelo
heteropatriarcal, normativo y occidental que hace poco
tiempo atrás parecía ir debilitándose. Pues no, volvió y
volvió con una fuerza inusitada, descargando en la furia
de su vuelta el intento de reivindicación como único, un
solo modelo posible. Un solo modelo de sociedad posible.
Simultáneamente a esta medida se disolvió el Ministerio
de Mujeres, Géneros y Diversidad. También se
disolvieron las políticas de estado que protegían y daban
soporte material a las víctimas de violencia de género. Se
activa allí una vía libre para la eliminación del otro. Y no, no
es exagerado decir eliminación cuando no hay un Estado
que medie, que desarme la encerrona trágica, en este
caso, de la violencia de género.
Todas estas son condiciones de vida que, por un lado,
producen significaciones imaginarias sociales (por eso
podemos hablar de un cambio de época) y, por otro,
generan condiciones materiales de existencia afectando
directamente a la salud. En términos de Alicia Stolkiner (7)
estas políticas de liberalismo económico apuntan también
a un individualismo extremo que tensa con la condición
gregaria del ser humano, apunta a disolver la comunidad,
atenta contra el lazo social.
Paulatina, pero simultáneamente a estos cambios, se
comenzaban a dejar caer programas nacionales de salud
que habían constituido políticas públicas. También se
comenzaban a desfinanciar a los hospitales nacionales.
Con una idea de pensar la responsabilidad de los
diferentes niveles de gobierno y remitir competencias a
jurisdicciones provinciales y municipales para que
financien los diferentes áreas y dispositivos de salud, pero
sin tomar en cuenta la diversidad regional de las
economías. Cada provincia, cada municipio, maneja
diferentes tipos de presupuesto de acuerdo a los cultivos
locales, las industrias regionales; no todas las provincias
tienen los mismos recursos económicos. Aquí la idea de
“federalizar la salud” entra en tensión con la accesibilidad
en salud y la perspectiva de Derechos Humanos. Así, por
ejemplo, encontramos en diferentes provincias y/o
municipios la idea de un co-pago para no residentes que
sean usuarios del sistema de salud provincial.
Con relación al desfinanciamiento de los hospitales
nacionales toma especial relevancia la situación del
Hospital Laura Bonaparte, desde donde se llevó
adelante una atención en salud en concordancia con la Ley
Nacional de Salud Mental 26.657 (8). Dicha ley comprende
al sujeto como un sujeto de derecho y que puede tener
determinados padecimientos, pero eso no lo condena a
una vida de encierro, a la vez que cuestiona las
internaciones prolongadas que apartan al sujeto de su
comunidad y promueve una mirada de salud ligada a lo
social y comunitario. Este hospital fue el primero en ser
atacado y vaciado. Se ha despedido a más de la mitad de
sus trabajadores y está en plena intervención por parte
del Gobierno Nacional, argumentando irregularidades en
su funcionamiento. Pareciera ser una intervención de
alguna manera ejemplificadora en términos de salud, ya
que desde el inicio de este gobierno hubo críticas
permanentes a la Ley de Salud Mental. Este
posicionamiento del Gobierno Nacional entra en tensión
con la transformación en salud que se está llevando
adelante desde el Gobierno de la provincia de Buenos
Aires.
Otro indicador preocupante son los aumentos de
suicidios, fundamentalmente en jóvenes y adultos
mayores. Poblaciones más frágiles que enfrentan día a día
las mayores consecuencias del ajuste. Entre los
adolescentes y jóvenes hay factores que inciden, como los
consumos problemáticos en entornos digitales, apuestas
en red, ciberbullying y el acoso virtual.
Salud Publica 2025 Oct; 4
¿CONTEXTO DE CATÁSTROFE SOCIAL?
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Para comenzar a responder esta pregunta, es necesario
señalar la primera asociación que establece el sentido
común: salud mental/ enfermedad. Este destino de la salud
general, implica un largo camino previo, en el que se han
desatendido las variables elementales que permiten un
buen estado de salud.
Dejaremos de lado momentáneamente la especificidad de
la implicancia de “lo mental", para hablar del concepto de
salud general.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)1, define la salud
como “un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (1, p. 1). Agrega:
“La salud implica que todas las necesidades
fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas,
sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud
entendida en una doble dimensión como producto de las
condiciones sociales y biológicas y a la vez como
productor de condiciones que permiten el desarrollo
integral a nivel individual y colectivo, se construye en el
marco de las condiciones económicas, sociales,
políticas, culturales, ambientales, de las formas de
relación con los grupos sociales, de las formas en que
cada sociedad se organiza para la distribución de los
bienes, entre ellos los servicios de salud y de cómo a
nivel individual y sobre una base biológica y espiritual se
procesan estas condiciones” (1, p. 1).
Tomaremos como horizonte ético, el consenso que ha
establecido la ONU para pensar la salud de una población.
Se trata de un pacto histórico, internacional y transversal a
todas las posiciones ideológicas que se inscriben en
cualquier sistema democrático. Y coincide con el respeto de
los Derechos Humanos de primera, segunda y tercera
generación.
En su Manual de Salud Pública, Kreplak y Comes (2024)
señalan que el “derecho a la salud es un concepto que
emana de la Declaración Universal de Derechos Humanos2,
ya sea que consideramos su artículo 3, donde se incluye el
derecho a la vida, o el artículo 25” (2, p. 57) que refiere a los
derechos positivos, aquellos que debe garantizar el Estado.
En esta línea, es esencial el abordaje político de los asuntos
de salud. Esto significa que un Estado democrático debe
tener entre sus principales políticas públicas aquellas que
establezcan las condiciones sociales para mantener un
buen estado de salud de sus ciudadanos. La salud mental
se constituye como una dimensión y un campo específico
de intervención profesional de la salud integral.
Actualidad
Luego de la asunción del presidente Javier Milei y su
equipo, pertenecientes al partido político La libertad
avanza, en el Gobierno Argentino se pusieron en práctica,
desde el Estado, dos operaciones inéditas en la democracia
argentina: por un lado, los discursos de odio y por otro, las
llamadas políticas de crueldad. Los primeros, en el orden
simbólico, y las segundas como intervenciones concretas.
Ambas con consecuencias subjetivas y materiales en la
vida de las personas.
Nuevamente, recurrimos a la ONU para definir el concepto de
discurso de odio. Se trata de cualquier tipo de comunicación
verbal, escrita o conductual, que ataca o utiliza lenguaje
peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o
un grupo sobre la base de sus rasgos particulares. Es decir, por
no estar de acuerdo con la modalidad de existencia de un otro
grupo o individuo; por su religión, etnia, nacionalidad, color,
ascendencia, género, ideología u otro factor de identidad.
“El discurso de odio debe entenderse como fomento,
promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del
odio, la humillación o el menosprecio de una persona o
grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión
de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con
respecto a dicha persona o grupo de personas y la
justificación de esas manifestaciones por razones de raza,
color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad,
discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género,
identidad de género, orientación sexual y otras
características o condición personales” (3).
Si bien el sentimiento de odio y la construcción de un
enemigo perfecto en quien proyectar la culpa por los
sentimientos de insatisfacción humana son estructurales en
los sujetos, lo novedoso es que estos discursos son
sostenidos y legitimados por el Estado. Se instituye así,
parafraseando el Terrorismo de Estado, un Odio de Estado.
Si el Estado benefactor tradicional se preocupó, al menos en
la teoría, por buscar soluciones al sufrimiento humano
mediante la construcción de sociedades más justas, El
Estado Argentino actual se preocupa por encontrar en los
ciudadanos comunes a los culpables del malestar social.
Entonces, cualquiera que reclame un derecho humano
básico, se convierte en un enemigo a combatir mediante la
revictimización por parte del Estado. Cualquiera que no
acepte el rol de engranaje maquinal en un sistema que
promueve la distribución cada vez más desigual de la
riqueza, mediante una tendencia de trabajo que se parece
cada vez más al trabajo esclavo, está en la mira de este
Gobierno que dispara a matar.
Por otro lado, en una dimensión concreta, aparece lo que
llamamos políticas de la crueldad. Verónica Gago,
politóloga argentina, se pregunta en qué se diferencian las
nociones de violencia y crueldad. “¿Qué agrega,
concretamente, la noción de crueldad a una fenomenología
de la violencia?” (4). Señala que, si bien los Estados- Nación
siempre tienen zonas de crueldad, se trata en este caso del
señalamiento del traspaso de un umbral, un límite, e indica
que estamos ante un nuevo tipo de violencia, en sus
formas, en su intensidad y sus efectos. “En principio, la
crueldad, señala el disfrute, un modo de placer asociado a
la ejecución de la violencia” (4). Se instituye un Estado, ya
no indolente, sino gozante ante el sufrimiento de su
población más vulnerable.
La política de la crueldad, sostiene Gago, apuesta a la
violencia directa, espectacularizada, como un mecanismo
que produce 'insensibilización'. Los motivos tácitos,
ocultos en las sombras de la historia, siempre son
económicos, y hunden sus raíces en la tradición de
dictaduras y genocidios argentinos, que este gobierno no
ha perdido oportunidad de reivindicar.
Si bien podemos enmarcar estos cambios en clave de
políticas de la crueldad o necropolíticas, en nuestro país
conforman un marco más amplio que parecería responder
a un cambio de época, que se da siempre caótico, como
todo movimiento instituyente, en los términos de
Catoriadis (5).
Es en ese marco necropolítico y de crueldad, que las
primeras medidas del gobierno nacional tuvieran que ver,
tempranamente, con la disolución del INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo), por lo cual la población quedaba allí, al decir de
Fernando Ulloa (6), sin tercero de apelación ante la
discriminación, esconde la importancia de la lógica de lo
uno, porque sostiene en sombras la meritocracia. Todo
aquello distinto se vive diferente o amenazante, aquí se
agrega que todo aquello distinto es posible (se da vía
libre) de ser agredido. Es importante subrayar aquí la
operatoria de normalización hacia un modelo
heteropatriarcal, normativo y occidental que hace poco
tiempo atrás parecía ir debilitándose. Pues no, volvió y
volvió con una fuerza inusitada, descargando en la furia
de su vuelta el intento de reivindicación como único, un
solo modelo posible. Un solo modelo de sociedad posible.
Simultáneamente a esta medida se disolvió el Ministerio
de Mujeres, Géneros y Diversidad. También se
disolvieron las políticas de estado que protegían y daban
soporte material a las víctimas de violencia de género. Se
activa allí una vía libre para la eliminación del otro. Y no, no
es exagerado decir eliminación cuando no hay un Estado
que medie, que desarme la encerrona trágica, en este
caso, de la violencia de género.
Todas estas son condiciones de vida que, por un lado,
producen significaciones imaginarias sociales (por eso
podemos hablar de un cambio de época) y, por otro,
generan condiciones materiales de existencia afectando
directamente a la salud. En términos de Alicia Stolkiner (7)
estas políticas de liberalismo económico apuntan también
a un individualismo extremo que tensa con la condición
gregaria del ser humano, apunta a disolver la comunidad,
atenta contra el lazo social.
Paulatina, pero simultáneamente a estos cambios, se
comenzaban a dejar caer programas nacionales de salud
que habían constituido políticas públicas. También se
comenzaban a desfinanciar a los hospitales nacionales.
Con una idea de pensar la responsabilidad de los
diferentes niveles de gobierno y remitir competencias a
jurisdicciones provinciales y municipales para que
financien los diferentes áreas y dispositivos de salud, pero
sin tomar en cuenta la diversidad regional de las
economías. Cada provincia, cada municipio, maneja
diferentes tipos de presupuesto de acuerdo a los cultivos
locales, las industrias regionales; no todas las provincias
tienen los mismos recursos económicos. Aquí la idea de
“federalizar la salud” entra en tensión con la accesibilidad
en salud y la perspectiva de Derechos Humanos. Así, por
ejemplo, encontramos en diferentes provincias y/o
municipios la idea de un co-pago para no residentes que
sean usuarios del sistema de salud provincial.
Con relación al desfinanciamiento de los hospitales
nacionales toma especial relevancia la situación del
Hospital Laura Bonaparte, desde donde se llevó
adelante una atención en salud en concordancia con la Ley
Nacional de Salud Mental 26.657 (8). Dicha ley comprende
al sujeto como un sujeto de derecho y que puede tener
determinados padecimientos, pero eso no lo condena a
una vida de encierro, a la vez que cuestiona las
internaciones prolongadas que apartan al sujeto de su
comunidad y promueve una mirada de salud ligada a lo
social y comunitario. Este hospital fue el primero en ser
atacado y vaciado. Se ha despedido a más de la mitad de
sus trabajadores y está en plena intervención por parte
del Gobierno Nacional, argumentando irregularidades en
su funcionamiento. Pareciera ser una intervención de
alguna manera ejemplificadora en términos de salud, ya
que desde el inicio de este gobierno hubo críticas
permanentes a la Ley de Salud Mental. Este
posicionamiento del Gobierno Nacional entra en tensión
con la transformación en salud que se está llevando
adelante desde el Gobierno de la provincia de Buenos
Aires.
Otro indicador preocupante son los aumentos de
suicidios, fundamentalmente en jóvenes y adultos
mayores. Poblaciones más frágiles que enfrentan día a día
las mayores consecuencias del ajuste. Entre los
adolescentes y jóvenes hay factores que inciden, como los
consumos problemáticos en entornos digitales, apuestas
en red, ciberbullying y el acoso virtual.
Salud Publica 2025 Oct; 4
EL EXTERMINIO DE LAS CIENCIAS HUMANAS
IMPACTO DE LO TRAUMÁTICO
Se denomina Ciencias humanas a un grupo de ciencias y
disciplinas cuyo objeto de estudio es la especificidad de lo
humano y el modo en que se constituye el lazo social.
Algunas de ellas son la Filosofía, la Psicología, la
Antropología, la Arqueología, la Historia, la Geografía, la
Educación, la Ciencia política, las Ciencias de la
comunicación, la Sociología, las Ciencias del derecho.
Su estudio requiere métodos diferentes a los de las ciencias
naturales o formales. Pretenden comprender los
mecanismos y las formas en que un viviente se humaniza.
Es relevante su mención, porque a ellas debemos el
conocimiento sobre la subjetividad. A partir de ellas,
comprendemos que no es posible reducir la psiquis de los
seres humanos a un mero objeto biológico. Ese exceso de lo
funcional, es lo que entendemos como sujeto.
Silvia Bleichmar, psicoanalista que trabajó intensamente
con los efectos del estallido de 2001 en nuestro país,
señala: “Si la sensación térmica es una ecuación entre
temperatura, vientos, humedad y presión atmosférica ¿por
qué no emplear combinadamente las nuevas estadísticas
de suicidio, accidente, infarto, muerte súbita, formas de
violencia desgarrantes y desgarradas, venta de
antidepresivos, incremento del alcoholismo, abandono de
niños recién nacidos en basurales, deserción escolar, éxodo
hacia lugares insospechados... para medir el sufrimiento a
que somos condenados cotidianamente por la insolvencia
no ya económica del país sino moral de sus clases
dirigentes?” (9, p. 27).
Esta pregunta cobra preocupante relevancia luego del
primer año de gobierno de Javier Milei y las políticas
levadas a cabo en relación con la exclusión del Estado de los
profesionales que tienen entre sus tareas construir
dispositivos que permitan vivir dignamente a todas las
personas que pertenecen al territorio argentino. Es la
perspectiva de las ciencias humanas, con fundamentos
teóricos consensuados por la comunidad científica
internacional, la que permite introducir algún límite ético a
la idea de la aniquilación de un otro por sus características
diferentes a lo que se espera, a partir de un prejuicio.
Gobernar no implica hacer cálculos matemáticos y ajustar a
las personas a vivir dentro de esas cuentas ficticias con
intereses contrarios a los de la mayoría de la sociedad. Si
no, pensar la organización política de un territorio,
teniendo en cuenta la complejidad humana. Esto último
requiere del desafío del pensamiento, y el trabajo
interdisciplinar, entre otras cosas. Requiere que todos los
actores, cuyo trabajo contribuye a pensar una sociedad
mejor, sean parte de esta complejísima tarea.
En el último año ha sido desfinanciada la educación pública,
especialmente la universitaria. No solo ha sido
menospreciada la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, sino que ha sido desmantelado el Centro de
Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos
“Dr. Fernando Ulloa” mediante el despido de los
profesionales de la salud que allí han trabajado
históricamente.
Se suma a esto, el escenario económico de recorte
presupuestario, los despidos masivos, la no apertura de
paritarias, el congelamiento de las jubilaciones, seguido de
represión a los reclamos, el problema potenciado de acceso
al sistema de salud, a la vivienda y a la alimentación.
Los efectos subjetivos de estas prácticas, por acción u
omisión, dejan un regadero de frustraciones y depresión
social, que persiste y se transmite a las siguientes
generaciones como un estigma identitario. Esta impotencia
se encarna en cuerpos incapaces de crear redes afectivas,
de cuerpos que se perciben como objetos de un destino
dado. La pérdida es la creencia sobre la potencia propia de
transformación de la realidad. Nuestra tarea, en tanto
profesionales de la Salud Mental, es revertir esa creencia.
Nuestro desafío, es construir estrategias novedosas que no
se reduzcan a una imagen especular de la violencia de la
que somos víctimas.
Como pueblo, estamos atravesando una gran catástrofe
histórica. El desmantelamiento sistemático del Estado,
junto con los procesos de desregulación económica y social,
no solo erosiona las estructuras materiales de vida, sino
que también impacta en los procesos más básicos de
nuestro psiquismo. La violencia política, la precarización
extrema y el discurso de odio institucionalizado no son
meras coyunturas: son máquinas de producción de
sufrimiento psíquico.
Silvia Bleichmar (9) señalaba que lo traumático pone en
riesgo dos pilares fundamentales de la subjetividad: la
autopreservación (la capacidad de defenderse de
amenazas externas) y la autoconservación (la posibilidad
de proyectarse en el tiempo, de desear). Cuando estas
funciones colapsan —como ocurre en contextos de crisis
sociales brutales— el sujeto queda reducido a la mera
supervivencia. No se trata solo de pobreza material, sino de
una pobreza simbólica: la imposibilidad de imaginar un
futuro.
El neoliberalismo extremo que se está implementando en
Argentina no solo desarticula derechos, sino que destruye
los lazos comunitarios que sostienen la salud mental. La
incertidumbre laboral, el hambre, la represión estatal y el
mensaje constante de que "el otro es el enemigo"
generan un clima de paranoia social. El trauma no es
individual, es colectivo.
Frente a este escenario, los profesionales de la salud
mental tenemos un desafío ético y político: no
podemos limitarnos a paliar síntomas individuales
mientras se desmorona el mundo que los produce. La
salida no es adaptarse a la catástrofe, sino organizarse
contra ella.
Este gobierno ha convertido la crueldad en un método de
gestión y, como siempre hemos sostenido, la salud mental
no se reduce a pastillas o terapias individuales. Es un
derecho que se conquista con lucha colectiva. El desafío es
claro: no solo sobrevivir, sino construir un horizonte
donde la vida valga más que los números de un
presupuesto.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Salud Publica 2025 Oct; 4
Se denomina Ciencias humanas a un grupo de ciencias y
disciplinas cuyo objeto de estudio es la especificidad de lo
humano y el modo en que se constituye el lazo social.
Algunas de ellas son la Filosofía, la Psicología, la
Antropología, la Arqueología, la Historia, la Geografía, la
Educación, la Ciencia política, las Ciencias de la
comunicación, la Sociología, las Ciencias del derecho.
Su estudio requiere métodos diferentes a los de las ciencias
naturales o formales. Pretenden comprender los
mecanismos y las formas en que un viviente se humaniza.
Es relevante su mención, porque a ellas debemos el
conocimiento sobre la subjetividad. A partir de ellas,
comprendemos que no es posible reducir la psiquis de los
seres humanos a un mero objeto biológico. Ese exceso de lo
funcional, es lo que entendemos como sujeto.
Silvia Bleichmar, psicoanalista que trabajó intensamente
con los efectos del estallido de 2001 en nuestro país,
señala: “Si la sensación térmica es una ecuación entre
temperatura, vientos, humedad y presión atmosférica ¿por
qué no emplear combinadamente las nuevas estadísticas
de suicidio, accidente, infarto, muerte súbita, formas de
violencia desgarrantes y desgarradas, venta de
antidepresivos, incremento del alcoholismo, abandono de
niños recién nacidos en basurales, deserción escolar, éxodo
hacia lugares insospechados... para medir el sufrimiento a
que somos condenados cotidianamente por la insolvencia
no ya económica del país sino moral de sus clases
dirigentes?” (9, p. 27).
Esta pregunta cobra preocupante relevancia luego del
primer año de gobierno de Javier Milei y las políticas
levadas a cabo en relación con la exclusión del Estado de los
profesionales que tienen entre sus tareas construir
dispositivos que permitan vivir dignamente a todas las
personas que pertenecen al territorio argentino. Es la
perspectiva de las ciencias humanas, con fundamentos
teóricos consensuados por la comunidad científica
internacional, la que permite introducir algún límite ético a
la idea de la aniquilación de un otro por sus características
diferentes a lo que se espera, a partir de un prejuicio.
Gobernar no implica hacer cálculos matemáticos y ajustar a
las personas a vivir dentro de esas cuentas ficticias con
intereses contrarios a los de la mayoría de la sociedad. Si
no, pensar la organización política de un territorio,
teniendo en cuenta la complejidad humana. Esto último
requiere del desafío del pensamiento, y el trabajo
interdisciplinar, entre otras cosas. Requiere que todos los
actores, cuyo trabajo contribuye a pensar una sociedad
mejor, sean parte de esta complejísima tarea.
En el último año ha sido desfinanciada la educación pública,
especialmente la universitaria. No solo ha sido
menospreciada la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, sino que ha sido desmantelado el Centro de
Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos
“Dr. Fernando Ulloa” mediante el despido de los
profesionales de la salud que allí han trabajado
históricamente.
Se suma a esto, el escenario económico de recorte
presupuestario, los despidos masivos, la no apertura de
paritarias, el congelamiento de las jubilaciones, seguido de
represión a los reclamos, el problema potenciado de acceso
al sistema de salud, a la vivienda y a la alimentación.
Los efectos subjetivos de estas prácticas, por acción u
omisión, dejan un regadero de frustraciones y depresión
social, que persiste y se transmite a las siguientes
generaciones como un estigma identitario. Esta impotencia
se encarna en cuerpos incapaces de crear redes afectivas,
de cuerpos que se perciben como objetos de un destino
dado. La pérdida es la creencia sobre la potencia propia de
transformación de la realidad. Nuestra tarea, en tanto
profesionales de la Salud Mental, es revertir esa creencia.
Nuestro desafío, es construir estrategias novedosas que no
se reduzcan a una imagen especular de la violencia de la
que somos víctimas.
Como pueblo, estamos atravesando una gran catástrofe
histórica. El desmantelamiento sistemático del Estado,
junto con los procesos de desregulación económica y social,
no solo erosiona las estructuras materiales de vida, sino
que también impacta en los procesos más básicos de
nuestro psiquismo. La violencia política, la precarización
extrema y el discurso de odio institucionalizado no son
meras coyunturas: son máquinas de producción de
sufrimiento psíquico.
Silvia Bleichmar (9) señalaba que lo traumático pone en
riesgo dos pilares fundamentales de la subjetividad: la
autopreservación (la capacidad de defenderse de
amenazas externas) y la autoconservación (la posibilidad
de proyectarse en el tiempo, de desear). Cuando estas
funciones colapsan —como ocurre en contextos de crisis
sociales brutales— el sujeto queda reducido a la mera
supervivencia. No se trata solo de pobreza material, sino de
una pobreza simbólica: la imposibilidad de imaginar un
futuro.
El neoliberalismo extremo que se está implementando en
Argentina no solo desarticula derechos, sino que destruye
los lazos comunitarios que sostienen la salud mental. La
incertidumbre laboral, el hambre, la represión estatal y el
mensaje constante de que "el otro es el enemigo"
generan un clima de paranoia social. El trauma no es
individual, es colectivo.
Frente a este escenario, los profesionales de la salud
mental tenemos un desafío ético y político: no
podemos limitarnos a paliar síntomas individuales
mientras se desmorona el mundo que los produce. La
salida no es adaptarse a la catástrofe, sino organizarse
contra ella.
Este gobierno ha convertido la crueldad en un método de
gestión y, como siempre hemos sostenido, la salud mental
no se reduce a pastillas o terapias individuales. Es un
derecho que se conquista con lucha colectiva. El desafío es
claro: no solo sobrevivir, sino construir un horizonte
donde la vida valga más que los números de un
presupuesto.
Opinión Op
SALUD
REVISTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RB
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Rivera M. Editorial. Rev Med HJCA [Internet]. 2017 [acceso jul. 2025]: 9(2):114–5. Disponible en: http://dx.doi.org/10.14410/2017.9.2.ed.1
2. Kreplak N, Comes Y. Manual de salud pública: conceptos y herramientas para futuros sanitaristas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores; 2024.
3. Naciones Unidas. Entender qué es el discurso de odio [Internet]. Nueva York: Naciones Unidas; 2021 [citado 2025 sep 2]. Disponible en:
https://www.un.org/es/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech
4. Gago V. La crueldad como política de Estado [Internet]. Huellas del Sur; 28 jun. 2024 [citado 2025 sep 2]. Disponible en:
https://huelladelsur.ar/2024/06/28/la-crueldad-como-politica-de-estado/
5. Castoriadis C. La institución imaginaria de la sociedad. Buenos Aires: Tusquets Editores; 1975.
6. Ulloa F. Encerrona trágica Adynata [Internet]. 1998 [acceso sep. 2025]. Disponible en:
https://www.revistaadynata.com/post/encerrona-tr%C3%A1gica---fernando-ulloa-1998
7. Macha M. Diálogos desobedientes con Alicia Stolkiner. Revista Feminacida [Internet]. 2024 [Acceso sep. 2025]. Disponible en:
https://www.feminacida.com.ar/dialogos-desobedientes-con-alicia-stolkiner/
8. Argentina. Congreso de la Nación. Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 [Internet]. Buenos Aires: Congreso de la Nación; 2010 Disponible en:
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
9. Bleichmar S. Dolor País. Buenos Aires: Libros del Zorzal; 2002.
Cómo citar este artículo:
Del Do A, Desiré C, Calloway C. Política del mal. Salud Publica [Internet]. 2025 Oct [fecha de consulta]; 4. Disponible en: URL del artículo.
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Salud Publica 2025 Oct; 4
